Portugal aplaza la devolución de la paga extra para cumplir con el déficit

El Gobierno portugués aplazará la devolución de una paga extra a funcionarios y pensionistas, ordenada por el Tribunal Constitucional, porque su abono podría dificultar el cumplimiento de las metas trimestrales del déficit.

El Gobierno portugués aplazará la devolución de una paga extra a funcionarios y pensionistas, ordenada por el Tribunal Constitucional, porque su abono podría dificultar el cumplimiento de las metas trimestrales del déficit.

La decisión, envuelta en una gran polémica, fue duramente criticada por la oposición y los sindicatos, que acusaron al Ejecutivo conservador de diferir ese pago sin respaldo legal para hacerlo.

El propio primer ministro portugués, Pedro Passos Coelho, salió al paso de las acusaciones y, en declaraciones a los periodistas, subrayó que el aplazamiento lo permite una norma administrativa aprobada el viernes en el Parlamento, donde el Gobierno tiene mayoría absoluta, y que debe entrar en vigor este mes de junio.

Passos Coelho sostuvo que el Gobierno cumplirá con el dictamen del Constitucional que ordena la restitución de las pagas y restó importancia al retraso en su abono.

Si los plazos previstos se cumplen, buena parte de los funcionarios y jubilados no se verá afectada, aseguró.

Según el Ejecutivo, cerca del 90 % de los pensionistas recibirá su paga extra en la fecha prevista, julio, y los funcionarios con salarios inferiores a 600 euros la tendrán a finales de junio.

Los empleados del sector público con sueldos de entre 600 y 1.100 euros recibirán "una parte de este subsidio"también antes de que acabe el mes.

Los principales afectados serán los funcionarios que cobren más de 1.100 euros, pues no podrán percibir la paga extra completa hasta noviembre, precisó hoy el diputado del gobernante Partido Socialdemócrata (PSD, centroderecha) Duarte Pacheco.

Los aplazamientos de los pagos se deben, según el secretario de Estado portugués del Presupuesto, Luis Morais Sarmento, a que las arcas públicas no podrían soportar ese gasto no previsto a comienzos de año en el presupuesto del Estado, que fue alterado este mes tras la sentencia del Constitucional de abril.

"Si pagásemos en este momento, estaríamos poniendo en riesgo los límites trimestrales del déficit", afirmó en una comparecencia parlamentaria Morais Sarmento.