Sociedades en Chipre, Suiza y Hong-Kong para ocultar dinero

Pensado todo hasta el último extremo para evitar hacer frente a los más de 10.000 acreedores que tenía el Grupo Marsans, propiedad de Gerardo Díaz Ferrán, y no pagar las deudas. Para ello, el ex presidente de la CEOE y el fallecido Pascual Arias –ex presidente de Viajes Marsans y socio principal de aquél– acordaron con Ángel De Cabo «una estrategia para alzarse con sus bienes y eludir las responsabilidades de una serie de procesos en las que su grupo empresarial estaba inmerso». Esa estrategia pasaba por ceder el control del grupo a De Cabo, quien, presuntamente, utilizó para lograr esos fines todo un entramado de sociedades, radicadas tanto en España como en el extranjero, así como testaferros y fiduciarios. Una circunstancia que resultó determinante para intentar sacar los bienes y el dinero de España procedentes del Grupo Marsans fue la operación que se desarrolló contra Nueva Rumasa, de la que De Cabo era entonces ya nuevo propietario. «La organización de De Cabo se ha centrado –desde ese momento– en justificar los movimientos de fondos que se han producido tras la entrada en el Grupo Marsans, para lo cual se habría encargado de confeccionar contratos simulados y otros negocios jurídicos utilizados igualmente para colocar los activos en el exterior».

En este punto es donde aparece como uno de los personajes claves el fiscalista Rafael Tormo Aguilar, según señala el juez de la Audiencia Nacional Eloy Velasco en el auto donde ordena el ingreso en prisión de De Cabo y otros seis detenidos presuntamente vinculado a estos hechos. Tormo sería el encargado de realizar las labores de colocación de los activos fuera de España.

«Sería el máximo responsable del diseño de la estructura societaria radicada en el extranjero, de la confección de los contratos simulados y documentados, predatados, que se utilizarían para la justificación de los movimientos de activos», afirma al respecto el magistrado sobre la labor supuestamente desarrollada por Tormo Aguilar.

En este sentido, el magistrado alude a que la organización presuntamente liderada por De Cabo habría constituido sociedades en países como Chipre, Suiza, Liechtenstein, Malta y Hong-Kong, «todos ellos jurisdicciones de alto riesgo».

Esas sociedades habrían sido el «refugio» de importantes cantidades de dinero y de otros bienes que pertenecían al Grupo Marsans y que deberían haberse utilizado para pagar a los miles de acreedores.

Destino de los fondos

Como fiduciario de empresas extranjeras figuraría Carmelo José Estellés –a quien el juez impuso una fianza de 500.000 euros–, aspecto que se vería confirmado por su vinculación con una empresa radicada en Chipre y otra en Liechenstein, «constituidas en paraísos fiscales y destinatarias de fondos y derechos del entorno de De Cabo, conseguidos en el marco de su actividad y con origen, algunos de ellos, en la operativa de adquisición del conglomerado Marsans», destaca al respecto el magistrado en su resolución.