El teletrabajo abre multitud de posibilidades para las empresas. En España, comienza a ser común que los trabajadores realicen su jornada laboral en casa, sin tener que desplazarse hasta la oficina, lo que implica una serie de gastos extra.

Sin embargo, esto no solo ocurre con ciudadanos españoles. Y es que las grandes empresas han comenzado a reproducir una tendencia que supone un fraude. Con el objetivo de pagar menos salarios, algunas de las grandes empresas aprovechan el teletrabajo para contratar en el extranjero.

Se trata de una práctica de 'outsourcing' donde el ciudadano extranjero ofrece sus servicios, realiza las mismas tareas que una persona que se encuentra en España, pero cobra menos. Todo ello implica un fraude, puesto que el ciudadano en cuestión pierde derechos y se generan menos ingresos para la Seguridad Social. Por ello, desde Trabajo ya han advertido de que van a perseguir este tipo de prácticas fraudulentas.

El auge del teletrabajo en España

El teletrabajo en España ha experimentado un crecimiento sin precedentes en los últimos años, especialmente a partir de la pandemia, que obligó a miles de empresas a implementar modelos de trabajo en remoto casi de manera inmediata.

Sin embargo, lo que comenzó como una solución de urgencia para garantizar la continuidad de la actividad económica y proteger la salud de los trabajadores, se ha consolidado como una tendencia laboral que ha llegado para quedarse.

Tanto es así que según los datos del Instituto Nacional de Estadística (INE), el 15,4% del total de ocupados en España práctica esta modalidad de teletrabajo. Por ello, desde la Inspección de Trabajo han asegurado que comenzarán a supervisar que las compañías españolas emplean este modelo como una fórmula de flexibilidad y conciliación para sus empleados, y no como método de ahorro de costes.

El plan de Yolanda Díaz para vigilar el teletrabajo

Y es que el propio ministerio ha publicado en el Boletín Oficial del Estado (BOE) un Plan Estratégico de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social para los años 2025, 2026 y 2027. En él se incluyen todos los aspectos a vigilar, entre ellos las horas extra, los contratos a tiempo parcial, el acoso sexual o el propio teletrabajo.

"Se potenciará la cooperación con la administración de la Seguridad Social y con la Agencia Estatal de Administración Tributaria, con el objetivo de identificar situaciones de teletrabajo internacional y comprobar si las personas trabajadoras afectadas deben estar incluidas en el sistema de Seguridad Social español", confirma el Plan Estratégico.

El problema de las horas extra

Un millón de trabajadores realizaron horas extra a finales de 2024, algo más de 200.000 más que al término de 2018, justo antes de la entrada en vigor el actual registro horario, según los datos de la Encuesta de Población Activa (EPA) que realiza el Instituto Nacional de Estadística (INE).

Del millón de trabajadores que hacían horas extra, 389.600 personas, casi el 40%, no eran remunerados por ese tiempo de trabajo extra, una tasa ligeramente inferior a la que había en 2018 (42%).

Por el contrario, 551.100 empleados, el 53% de los que hacían horas extra en 2024, sí percibían una compensación a cambio, y un 7 % sólo a veces, frente al 52 % que sí realizaban horas extra pagadas en 2018 y el 5%, a veces.

Aunque han aumentado los trabajadores que trabajaban por encima de su jornada, el número total de horas extra que realizaban ha disminuido en 553.000 horas a la semana, al pasar de 6,43 millones a finales de 2018 hasta los 5,88 millones al término de 2024.

Y es que en marzo de 2019 fue aprobado el real decreto ley de medidas urgentes de protección social y de lucha contra la precariedad laboral en la jornada de trabajo que incluyó, entre otros temas, la obligación de llevar un control efectivo del horario de trabajo.

De esta forma, las empresas tienen la obligación de registrar con detalle la hora de entrada y salida de cada empleado, algo con lo que se buscaba asegurar el respeto a los límites de la jornada, tanto en términos de horas máximas como de descansos, así como las condiciones establecidas en los contratos y convenios colectivos.

No obstante, el Gobierno ha observado durante este tiempo disfunciones en la aplicación del mismo y ha decidido incluir una reforma del registro en el texto de la reducción de jornada laboral para hacerlo más objetivo, fiable, accesible e interoperable, al tiempo que se endurecerían las sanciones por incumplimiento.

Debido a que la caída de la reducción de jornada era algo previsible, Trabajo ya aseguró hace varias semanas que aprobaría en solitario el nuevo registro de jornada, ya que no es necesario que se tramite al tener rango reglamentario.