Un año de trabajo gratis para pagar la deuda

Estima que para acabar con el pasivo cada español debería entregar el salario de 352 días a la Administración. Considera probable que permanezca por encima del 90% del PIB los próximos cuatro años tras cerrar 2018 en el 97,2%.

Dicen los oráculos económicos que la crisis que está por llegar será la de la deuda. Y España, según los mismos vaticinios, está mal preparada para afrontarla. El año pasado, la ratio del pasivo de sus administraciones públicas sobre el PIB se situó en el 97,2%. Según la AIReF, si el agujero tuvieran que pagarlo los españoles, cada uno tendría que entregar al erario público casi un año de su salario. En concreto, 352 días, 266 para liquidar la común y 86 la regional. Aunque no todos los españoles serían igual de paganos. Mientras que los extremeños tendrían que entregar lo ganado en 467 días, los madrileños «sólo» abonarían 251 días.

Deterioro económico

Los 352 días representan 222 más con respecto a antes de la crisis, pues en 2007 la deuda pública estaba en el 35,6% del PIB. Tan meteórico ascenso es reflejo del radical deterioro que experimentó la economía española durante la recesión. Ante la drástica caída de ingresos, las administraciones tuvieron que disparar su endeudamiento para mantener en funcionamiento los servicios de sanidad, educación o empleo. Y reducirla ahora constituye un desafío titánico.

El panorama que dibuja el Observatorio de la Deuda de la Autoridad Fiscal Independiente es bastante sombrío. Sus proyecciones estiman una lenta reducción de la radio de deuda, llegando al 91% en los próximos cuatro años, 6,2 puntos menos que ahora. Es algo más de los 3,2 puntos que retrocedió desde 2014, empujada por los vientos de cola de la economía global –tipos bajos y petróleo barato– más que por las reformas estructurales. La mejora, en todo caso, es manifiestamente insuficiente para acercarla al nivel de referencia legal, fijado en el 60%. Las previsiones que maneja la AIReF son una deuda del 96,5% para este año, un 95,5% para el que viene, un 93,3% para 2021 y un 91,3% para 2022.

Existe, no obstante, un riesgo nada desdeñable del 25% de que las previsiones de la AIReF no se cumplan, como reconoce la misma autoridad. Y la gran amenaza que divisa en el horizontes es una «japonización» de la economía. Un shock macroeconómico y demográfico de carácter permanente, al estilo nipón, «implicaría una ratio de deuda que se volvería creciente y superaría los 125 puntos del PIB en 2050», advierte el informe. La «japonización» se traduciría en «una evolución menos dinámica de la población trabajadora y un peor desempeño del mercado laboral, implicando un menor crecimiento del PIB y una inflación más contenida», del orden del 1% anual promedio durante los próximos 30 años, prosigue. «Aunque una inflación más baja limitaría el crecimiento del gasto en pensiones, el menor crecimiento económico también contendría los ingresos de la Seguridad Social, traduciéndose en menores saldos primarios a nivel de administraciones públicas, especialmente más allá de 2030», concluye el estudio.

Aunque el grueso de la deuda pública sigue recayendo en la administración central (70,8%), las comunidades autónomas constituyen otro importante talón de aquiles. Su ratio de deuda es casi dos veces superior al máximo nivel de referencia legal del 13% del PIB, con cuatro de ellas más que doblando ese umbral: Comunidad Valenciana (41,8%), Castilla-La Mancha (34,5%), Cataluña (33,1%) y Murcia (29,6%). En todas ellas, los días de trabajo necesarios para sustanciarla superarían los cien: 153 en el caso de la Comunidad Valenciana, 126 en el de Castilla-La Mancha, 121 en el de Cataluña y 108 en Murcia. En el otro extremo, los ciudadanos que menos tendría que pagar para liquidar su deuda regional serían los vascos (46 días), los canarios (50 días) y los madrileños (52 jornadas).

Normalización

Como en el conjunto de las administraciones, en las comunidades la reducción de la deuda será lenta. De hecho, la AIReF destaca que, en cinco de ellas se observó un aumento o un mantenimiento de la misma en el último trimestre del año. En su escenario normativo, espera que las regiones logren reducir los niveles de sus respectivos pasivos antes de 2040. El riesgo, también aquí, es la «japonización» de la economía. Su aparición retrasaría la normalización de la situación más allá de 2050 para las comunidades autónomas con riesgo de sostenibilidad muy alto.