La urgente reforma de la Administración

Bolaños afirmaba en sede parlamentaria que «el PP baja los impuestos cuando está en la oposición y los sube cuando gobierna». Vivimos en época de post-verdad y asistimos a los mensajes de un Gobierno que se «olvida» de que el PSOE gobernaba entre 2008 y 2011 cuando se hicieron los mayores recortes en Sanidad, Educación y pensiones, y que ha subido todos los impuestos, especialmente a la clase media, al negarse a deflactarlos en periodo de altísima inflación.

A Bolaños no le falta cierta razón cuando afirma que se subieron todos los impuestos, aunque fuera por heredar un agujero fiscal de 91.344 millones de euros, 27.000 millones más de lo anunciado en 2011 y que luego se bajaran esos impuestos hasta dejarlos cerca del mismo nivel en 2018. No importa. No estaba justificado hacer el ajuste en 2012 a costa del ya sufrido contribuyente.

Hoy, el contribuyente español sufre un mayor esfuerzo fiscal que nunca en la historia. No debe tomarse la decisión de subir impuestos ante la previsible herencia de deuda y mayor déficit del anunciado que probablemente recibirá el próximo gobierno.

Arreglar un agujero fiscal heredado subiendo impuestos es pasarle dos veces el coste de la crisis a los contribuyentes. Injusto y profundamente antisocial. Es como arreglar un pinchazo de una rueda estropeando el motor. Aceptar el honor y responsabilidad de gestionar un país debe incluir respetar a los contribuyentes que han sido expoliados durante el despilfarro y acometer el ajuste allí donde se ha creado: el exceso de gasto.

Si algo debiéramos haber aprendido del periodo 2008 a 2022 es que la consolidación fiscal vía ingresos es un espejismo. Los gastos se consolidan y aumentan como si no pasara nada y los ingresos son, por definición, cíclicos. No existe manera de cubrir un déficit estructural de las cuentas públicas españolas vía ingresos. Como reflejan los estudios del Instituto de Estudios Económicos (IEE) y la Tax Foundation, la presión fiscal en España ha alcanzado máximos históricos en el 2022, superando el 42% del PIB y por encima del promedio de la UE (41,7% en 2021), pero es que el esfuerzo fiscal (la presión fiscal ajustada por renta) que sufren los españoles es un 53% mayor que la media de la Unión Europea.

Al ejecutivo de Rajoy le costó años reducir el déficit del 8,5% del PIB al 3,1% parcialmente porque no se acometió de manera contundente y definitiva la reforma más importante: La del gasto público. Se hicieron cosas, pero no suficiente. El propio IEE estima que España tiene más de 60.000 millones de euros anuales de ineficiencia en gasto público.

Una rápida vista al presupuesto de 2023 nos recuerda que se pagan 22 ministerios, 1.830 asesores, un Ministerio de Presidencia que cuesta 307 millones, uno de política territorial de 589 millones, 5.399 millones de Agenda 2030, Asuntos Económicos 4.974 millones, Transición Ecológica 10.371 millones, Igualdad 573 millones.

El economista José Ramón Riera recuerda que entre 2021 y 2022 el gasto en Estado de Bienestar se redujo un 1,5% para disparar el gasto político en 36.000 millones de euros.

El Banco de España estima que el déficit de las administraciones públicas no bajará del 4,5% del PIB en 2025 con la actual senda actual de gasto y recuperación. En 2022 no se ha recuperado el PIB ni el valor añadido bruto de 2019 y, sin embargo, el componente por rentas por impuestos está a máximos históricos. Ese enorme y peligroso desequilibrio fiscal solo se puede acometer eliminando gasto político. No vale la excusa de «no se puede hacer más» o «hay déficit».

El gradualismo, el «socialismo de todos los partidos», como decía Hayek, es enemigo de la prosperidad y la receta para un descontento mayor. Los ciudadanos saben que hay mucho exceso en el gasto político y que están asfixiados a impuestos. Si el próximo gobierno se conforma con esperar que el crecimiento y la amnesia hagan desaparecer los desequilibrios estructurales, se va a encontrar con un colapso de confianza sin precedentes.

La mejor manera de que no te acusen de haber subido los impuestos cuando gobiernas es bajarlos. Dejarlos igual es justificar el expolio anterior. La oposición te va a acusar igual de ser el mal personificado, así que mejor hacer lo correcto que intentar contentar al periódico del rival.

Subir impuestos porque hay déficit es como robar a los viandantes porque no llego a fin de mes. Si queremos unas cuentas públicas sostenibles hay que fortalecer la capacidad de crecer –no rebotar–, de crear empleo –no disfrazarlo– y de atraer inversión –no mendigar lo que no vaya a otros–.

Hay que dejar respirar a una economía ahogada desde hace casi dos décadas por burocracia y fiscalidad confiscatoria. La consolidación fiscal solo se puede conseguir cercenando gasto inútil, y hay mucho. Los contribuyentes ya han hecho su parte.