Volver a las andadas

Estamos en un país en el que no pagar a los proveedores se ha convertido en un problema endémico, que está provocando la quiebra de múltiples empresas. Desgraciadamente, las primeras que no dan ejemplo son las administraciones locales, que recibieron fuertes sumas de dinero en impuestos durante los años del boom inmobiliario; pensaron que seguirían eternamente ingresando las mismas cantidades y crecieron sus estructuras de manera exponencial. Ahora que ha caído de manera drástica la recaudación, los ayuntamientos no pueden siquiera pagar a sus abultadas plantillas y lo primero que hacen es impagar a sus proveedores. Muchos de ellos no abonan siquiera la electricidad que consumen.

El Gobierno tomó el pasado mayo medidas para reconducir esta situación a través de un masivo pago a proveedores orquestado a través del ICO. Ello alivió a muchísimas empresas. Pero poco han tardado en volver a las andadas: por ley, los ayuntamientos deben pagar como máximo a 30 días, pero la realidad es que están pagando a 143 días, mucho peor que la media de las empresas, que lo hacen a los 98 días (que no deja de ser otra barbaridad). De esta manera dan la puntilla a unas empresas que han visto bajar drásticamente las ventas, les están cortando los bancos las líneas de crédito y tienen verdaderos problemas de liquidez.

El incumplimiento de las administraciones públicas está generando un efecto en cadena en nuestra economía, pues los que no cobran también alargan necesariamente los plazos de pago a sus clientes, que a su vez son ahogados financieramente y estrangulan a sus propios clientes.

No le va a quedar más remedio al Gobierno que aplicar más medidas de ajuste en los ayuntamientos con fórmulas similares a las aplicadas en Estados Unidos, donde diferentes pueblos son atendidos por un centro administrativo («County» lo llaman allí) que implica la unión de varios de ellos en una unidad.