El futuro de la reforma de la jornada laboral de Yolanda Díaz atisba un final abrupto. Las enmiendas a la totalidad al proyecto de ley presentadas por PP, Vox y Junts han dejado sin oxígeno la medida y todo apunta a que finalmente decaerá si la formación independentista no cierra un acuerdo por sorpresa para que retire su veto a cambio de nuevas prebendas. En el último día de plazo y con argumentaciones similares, las tres formaciones han presentado sus objeciones, que ahora serán votadas con muchas posibilidades de salir adelante, ya que suman una mayoría absoluta de 177 escaños. La consecuencia de esta victoria sería doble: la ley sería devuelta al Gobierno y acabaría su tramitación parlamentaria. Díaz no tira la toalla y mantenía ayer la esperanza de que aún hay "margen para la negociación".

Pero visto lo visto, no parece que haya vías de negociación abiertas. El texto de la enmienda de Junts reclama al Gobierno que abra un proceso de diálogo social "real y riguroso" para volver a evaluar la reducción de la jornada laboral, dado que la situación económica global ha cambiado y hace necesario un análisis exhaustivo de políticas que pueden comprometer la viabilidad de las pymes. También exige que se negocie una reducción de jornada más "flexible, equilibrada y gradual" y coincide con la patronal, al asegurar que "solo el acuerdo entre los trabajadores y la empresa" puede garantizar que se progrese en ese sentido.

A su juicio, reducir por ley la jornada laboral "puede conllevar el efecto contrario al deseado", con un impacto desigual tanto sectorial como por territorios y con mayores dificultades de aplicación en el ámbito de las microempresas y las pymes. Todas estas apreciaciones parecen incompatibles con lo que defiende y quiere aprobar Díaz.

En el mismo sentido, la enmienda del PP justifica el veto en que la reducción de jornada se ha aprobado "al margen del diálogo social", sin contar con la patronal, sin respetar la negociación colectiva en las empresas que ya tienen pactada una jornada ni tener en cuenta la situación económica de cada sector. El texto afea que la norma "se basa en argumentos poco rigurosos y populistas", sin evaluar el impacto sobre la actividad y el empleo del que han alertado la CEOE, Cepyme, ATA y Fedea, entre otros organismos, y defiende que la reducción de jornada debe debatirse junto a otros elementos como la productividad, el absentismo o la reducción de la burocracia.

Por ello, aboga por una implementación "gradual, progresiva y flexible" que tenga en cuenta otras medidas como crear un "banco de horas", al tiempo que carga contra la sustitución del registro horario por uno digital "más estricto e intervencionista y con sanciones desproporcionadas por incumplimiento". En las Antípodas del proyecto de ley.

El PP también recuerda que el Consejo Económico y Social (CES) emitió un dictamen que suscribieron tanto sindicatos como patronal en el que recomienda una rebaja de jornada progresiva, con una aplicación flexible por sectores y que contemple compensaciones por los costes asociados. Critica que el anteproyecto de ley que llegó al CES careciera de un análisis económico y considera que "el hecho de que tanto sindicatos como patronal avalaran el dictamen evidencia que el enfoque del proyecto de ley en los estrictos términos en los que está concebido en la actualidad no puede prosperar".

Por su parte, Vox alega que la "reducción forzosa" de la jornada laboral supondrá un incremento de los costes laborales, lo que erosionará la productividad de las empresas españolas, que ya está por debajo de la media, e incrementará la precariedad laboral. En concreto, Vox asegura que los "grandes perjudicados" serán las pymes, que verán "en riesgo" su viabilidad económica, así como los sectores con mayor presencialidad, como el comercio minorista, el sector inmobiliario o la restauración. Para la formación, esta medida "pretende introducir un debate artificial sobre las necesidades de los trabajadores nacionales, poniendo el foco en el tiempo de trabajo" en lugar de en la inestabilidad laboral o los salarios. "A los españoles cada vez les dejan trabajar menos".

El proyecto de ley para reducir la jornada laboral a 37,5 horas semanales llegó al Congreso el pasado 13 de mayo y se tramita por el procedimiento de urgencia, a pesar de lo cual la Mesa de la cámara ya ha prorrogado cuatro veces el plazo de presentación de enmiendas parciales, la última de ellas hasta el próximo 25 de junio.