Europa no es sólo un dispensador de dinero

No está en discusión que la Justicia, como el resto de los poderes del Estado, emana de la soberanía nacional y que, por lo tanto, la elección parlamentaria de los vocales del Consejo General del Poder Judicial se ajusta a ese principio fundamental de la democracia. Y, sin embargo, no es posible negar que la composición del órgano de gobierno de los jueces, que tiene entre sus funciones la de velar por la independencia de sus miembros, no puede ser un mero trasunto de la mayoría gubernamental de turno, que es la pretensión última de nuestra actual izquierda, sin que se ponga en cuestionamiento la separación de poderes, que es otro de los basamentos de cualquier sistema democrático digno de ese nombre.

Ya el hecho de que un gobierno en minoría parlamentaria, apoyado por formaciones nacionalistas claramente enfrentadas al ordenamiento jurídico vigente, haya impulsado, por la vía del atajo reglamentario, además, una reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial que deja sin la capacidad de hacer nombramientos al CGPJ, cuando se encuentre en funciones, no sólo es una intromisión inaceptable en la independencia del Consejo, sino que revela la intención última de condicionar desde el poder político la composición de los distintos tribunales. Nos hallamos, pues, ante un progresivo y alarmante proceso de deterioro de las libertades públicas, y es desde esta realidad como debe entenderse la denuncia elevada a las instituciones comunitarias por tres de las cuatro asociaciones de la carrera judicial. No en vano, la Unión Europea es, en último término, el valladar de la democracia representativa y la Comisión Europea tiene entre sus responsabilidades la de velar por el respeto al Estado de Derecho exigido a sus socios.

Son conscientes, por supuesto, los impulsores de esta demanda de auxilio de la cautela de Bruselas a la hora de intervenir en cuestiones de orden interno, pero, también, es cierto que la propia Comisión de Justicia, que preside Didier Reynders, ya confrontada a Polonia y Hungría, ha expresado su inquietud por la deriva legislativa del gobierno español en un asunto esencial de derechos y libertades, expresamente recogido en el Tratado de la UE. Asimismo, no es posible negar que esta acción, dada la entidad pública y jurisdiccional de quienes se dirigen a las instituciones comunitarias, puede reforzar la posición de los socios más reacios a ejecutar el programa de ayudas a la reconstrucción, del que nuestro país espera obtener 140.000 millones de euros, pero, con ser cierto, también lo es que el acceso a esos fondos viene condicionado por la necesidad de abordar una serie de reformas legislativas que van, precisamente, en la dirección que demandan los jueces españoles.