Pensiones tocadas de un incierto futuro

El Gobierno ha contado con tiempo más que suficiente para armar una reforma de las pensiones que contara con el máximo consenso entre los agentes sociales y los partidos, ese que se precisa como condición expresa en toda política de Estado. Hay pocas tan señaladas en ese sentido como la que regulará y garantizará el presente y el futuro más allá de la vida laboral de los españoles. Cuando Sánchez y Escrivá decidieron de manera imprudente acabar con el factor de sostenibilidad que frenaba la revalorización de las pensiones para sustituirlo por un modelo ligado al IPC, sabían que volaban un dique, se descontrolaría el gasto y se abriría un horizonte vulnerable. La negociación de la alternativa del Mecanismo de Equidad Intergeneracional ha sido a la larga una declaración de intenciones estéril y un marco en el que el Ejecutivo no ha perseguido una transacción. Lo ha convertido en una coartada para endosar los recursos que necesitará sobre un ya sobrecargado y exhausto tejido empresarial, maltratado por la coalición de izquierda con alzas de impuestos y toda clase de costes laborales. La iniciativa, que se cerró ayer para que cumpla con todos los trámites legislativos y pueda estar en vigor el 1 de enero, que es lo que ha exigido Bruselas, fue rechazada definitivamente por la CEOE, que no aceptó el aumento de las cotizaciones del 0,6% sobre los salarios como cuota finalista con el propósito de alimentar el Fondo de Reserva, la «hucha de las pensiones», ante el impacto sobre el sistema de las nóminas de los «baby boomers». La propuesta de la coalición socialista comunista únicamente contará con el apoyo de los sindicatos y el de sus socios parlamentarios en el Congreso de los Diputados. El plan nace inerte y no es lo que el país y la sociedad requieren. No resuelve las incertidumbres y las fragilidades de un modelo con la respiración asistida desde hace años, más allá de ingenios y trampas contables que el poder político se saca de la chistera para sostenerlo. Se precisan coraje y verdad y un diagnóstico responsable y serio, en el que se plantee un equilibrio entre ingresos y gastos del sistema. Sánchez y Escrivá han despachado la disciplina y el rigor con la misma intensidad y demagogia con que han abrazado una suerte de teoría del pan para hoy y mañana ya veremos. Para este Gobierno, el futuro de las pensiones solo depende de exprimir recursos a costa del potencial para generar empleo y nada de sondear y trabajar sobre una racionalización y una puesta al día de las prestaciones con el fin de no convertirlas en un quiero y no puedo, sino en un instrumento sostenible que dé tranquilidad a las generaciones venideras. Que las empresas y la oposición se queden al margen de la reforma crucial de las pensiones, al contrario de lo que Europa ambicionaba, retrata de nuevo el perfil de un gobierno que no cree en el diálogo, sino en la adhesión a sus políticas, esas que debilitan el país y frustran el derecho de los españoles a recibir las prestaciones que se han ganado.