Justicia para servidores ejemplares

Que por primera vez todas las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, Policías Nacionales, Guardias Civiles, Mossos d’Esquadra, Policías Locales, Ertzaintza, Policía Foral y Policía Canaria, se hayan movilizado contra el Gobierno debería al menos hacer recapacitar al interfecto. En su lugar, ministros y representantes de la izquierda han preferido arremeter contra la presencia de la oposición en la movilización con la que los agentes de toda la nación clamaron ayer en Madrid contra la contrarreforma de la Ley de Seguridad Ciudadana. No nos sorprende que desde la órbita del comunismo gobernante se criminalice toda protesta que parta de un colectivo señalado en sus discursos. Desde los ministerios podemitas y sus voceros no se ha perdido una ocasión de perseguir inquisitorialmente a las Fuerzas de Seguridad del Estado como elementos represores ajenos a la democracia. Esa inquina, que persigue desactivar toda autoridad que no puedan controlar, resulta una anomalía en los estados de derecho asentados. Claro, que no lo es menos la presencia de elementos extremistas y antisistema en la gobernación. Los agentes han salido a la calle cargados de razones por una iniciativa política, promovida por el Ejecutivo y sus aliados separatistas y bilduetarras, que desampara a las fuerzas del orden ante las manifestaciones y las algaradas de toda suerte de grupos, muchos de la órbita de los ministros que patrocinan esta barbaridad. Que se permita la toma de imágenes de los agentes, que las manifestaciones espontáneas no tengan que ser comunicadas previamente, que se reduzca el tiempo de la detención o que el atestado policial pierda la presunción de veracidad, entre otra gama de atentados a la sensatez del proyecto, supone extender una alfombra roja a la inseguridad y la violencia de unos pocos contra la mayoría indefensa. Que se haga además sin atender a las razones de los directamente afectados, los agentes, sin escucharlos siquiera desde el Gobierno, con especial irresponsabilidad del ministro Grande-Marlaska, es una afrenta, una indignidad y un ataque a funcionarios esenciales en toda democracia. Cuando se abre la puerta a la anarquía y la algarada, las primeras víctimas son aquellas a las que el Gobierno ha traicionado, los cuerpos policiales, pero también la sociedad que tiene el derecho constitucional a disfrutar de los espacios públicos de las ciudades y que esta abominación que maquina el gabinete deja desatendidos. Y con ella, principios sagrados como la libertad, cuya plenitud es imposible sin la seguridad que la contrarreforma sabotea. España mantiene una deuda de gratitud, pero también económica, con policías y guardias civiles que ha sido incapaz de atender para vergüenza de este y otros gobiernos, que han maltratado a servidores ejemplares que nos dignifican. Pedir una rectificación a Sánchez, Díaz o Marlaska es inútil, clamar por dimisiones es hacerlo en el desierto. Es un ejecutivo de ciegos y sordos a todo interés que no sea el suyo.