Daños colaterales de la contrarreforma laboral

El gabinete de coalición encara una semana decisiva para la estabilidad de la mayoría que lo sostiene y por ende para la gobernabilidad. El próximo jueves 3 de febrero el Congreso decidirá si convalida o deroga el decreto-ley sobre la reforma laboral aprobado por el Ejecutivo a finales de diciembre. En ese escrutinio decisivo la medida demanda la suma de una mayoría simple, más síes que noes. Ese es un escenario que no se da en este momento. Las disensiones en el bloque Frankenstein no parecen reconducibles sin dificultad. El PSOE mantiene que el decreto-ley tiene que ser refrendado en su integridad, conforme al acuerdo entre la cúpula directiva de la CEOE y los sindicatos, para que no se desvirtúe el sello indeleble de los agentes sociales en el texto, estratégico en la propaganda de Moncloa. Rechaza de plano que se tramite como proyecto de ley y, por tanto, que se pueda alterar en el consiguiente recorrido parlamentario. Sin cambios, ERC, PNV, EH Bildu y hasta puede que el PNV votarán «no». Ciudadanos ha entrado en liza con su disposición a sustituir los diputados perdidos, pero ni con ello basta, además de haber tensionado más la cohabitación de los socios. Le eventualidad de que la contrarreforma laboral, el proyecto estrella de Pedro Sánchez, Yolanda Díaz y la izquierda en general, decaiga y se estrelle abriría una situación crítica y desconocida en el ecuador de la legislatura. El desencuentro en una norma que es un emblema y un compromiso con la Unión Europea supondría más que un revés para sus padrinos, una derrota con marchamo incluso de crisis de gobierno. Pedro Sánchez no ignora el trasfondo y la sacudida del que constituiría su mayor descalabro político e institucional. Tal vez por eso requiriera ayer de forma pública al PP, no sin antes insultarlo, para que no cometa el «doble error» de votar ahora en contra del nuevo modelo de relaciones laborales porque «no es el acuerdo del Gobierno, sino que es el de todos». Por supuesto, no es así. Los populares no solo cometerían un error como salvavidas de un gobierno nocivo para España, sino que igualmente lo sería sancionar una iniciativa regresiva sobre la aprobada por el PP que, según la retórica oficialista, propició los últimos datos históricos de empleo en 2021. No es esa la labor de la oposición. El Gobierno tiene complejas, pero no inviables, alternativas para reunir los síes o las abstenciones que le urgen con partidos minoritarios sin que sea descartable, como adelanta LA RAZÓN, componendas secretas con compensaciones a ERC y PNV que salven el decreto sin lastrar la campaña castellanoleonesa. El desgaste del Gobierno y sus socios, sin embargo, en este proceloso mercadeo resulta incuestionable, tanto como la confianza derramada. Pese a todo, sería de ingenuos relativizar el vínculo más poderoso que se mantiene incólume en Moncloa y sus satélites como es su afán desmedido por mantenerse en el poder a cualquier precio.