Europa no negocia la independencia judicial

La propuesta de que la elección de los vocales del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) se lleve a cabo por sus propios pares ni es un despropósito del Partido Popular ni puede ser tomada como la excusa de una oposición intratable e incapaz de reconocer la legitimidad de la mayoría gobernante, como reza la propaganda de La Moncloa, para no llegar al necesario acuerdo de renovación del órgano de gobierno de los jueces.

En primer lugar, porque el presidente de los populares, Alberto Núñez Feijóo, expresó personalmente al presidente del Ejecutivo, Pedro Sánchez, su disposición a negociar el desbloqueo del CGPJ, mediante el habitual intercambio de nombres, aunque, eso sí, con la condición previa de que el PSOE se comprometiera a abordar la citada reforma en la próxima legislatura. Se trata, exactamente, de la línea de acción que defiende la Unión Europea, en sintonía con las recomendaciones de la Comisión de Venecia, en un ámbito, el de la independencia efectiva de los jueces, que no está sujeto a negociación política alguna.

El hecho de que no sea la primera vez que Bruselas recurre a la amenaza de suspender la transferencia de fondos a un socio comunitario si entiende que está en peligro la independencia del Poder Judicial, como ya ha sucedido con Polonia o Hungría, debería poner en guardia a la opinión pública sobre el deterioro de la percepción exterior de nuestro sistema de Justicia, por más que nuestros tribunales cumplan con creces los criterios más exigentes respecto a la autonomía de sus decisiones. Dicho esto, que responde a la realidad cotidiana del trabajo judicial, lo cierto es que la peripecia en torno a la renovación de los vocales del CGPJ ha hecho saltar las alarmas en Europa y no, precisamente, de manera gratuita.

Entre otras razones, porque no resulta fácil explicar el empeño del Gobierno social comunista en cambiar los procedimientos establecidos para asegurarse una mayoría «progresista» en el órgano judicial del que depende la composición de los principales tribunales, incluso, corrigiendo a la carrera sus propias disposiciones legales. Así, el espectáculo de lo sucedido con la renovación de los magistrados del Tribunal Constitucional, mediante una norma sobrevenida de dudosa legalidad, es responsabilidad exclusiva de un Gobierno demasiado acostumbrado a imponer sus intereses del corto plazo.

Pero, al final, el sistema de elección del CGPJ se reformará en el sentido que pide Bruselas que, dicho sea de paso, responde mejor a la voluntad de los redactores de la Constitución que el procedimiento actual, fruto de la temprana intervención socialista. Se podrá argumentar que los populares han venido participando del juego sin recato, pero la aritmética parlamentaria nunca había contado con la influencia de un populismo antisistema, cuyo modelo judicial es incompatible con la división de poderes.