El empobrecimiento de la clase media

Aunque referidos al año 2022, los datos del INE constatan que el salario más frecuente en España se ha situado en torno a los 14.000 euros brutos anuales, es decir, 4.000 euros menos que en 2018. Ciertamente es uno de los efectos indeseados de las subidas del SMI que su impulsora, la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, se había negado si quiera a considerar, pese a las advertencias no sólo de las asociaciones de empresarios, sino de los más señalados centros de análisis económicos.

En efecto, los trabajadores en aquellos sectores productivos con menor rentabilidad, en los que se desempeñan la inmensa mayoría de los autónomos y de las pequeñas empresas, como la agricultura, la hostelería, el servicio doméstico, la pesca han visto, incluso, reducirse sus ingresos medios ante la imposibilidad de los empleadores de asumir los sobrecostes salariales, bien por las reducciones de jornada o por el recurso al trabajo por horas.

Y quienes están en los rangos de sueldo inmediatamente superiores, entre los 15.000 y los 18.000 euros brutos anuales, enfrentan subidas medias inferiores al SMI, pero los mismos estragos de una inflación que, sólo en la cesta básica, ha supuesto un incremento del 20 por ciento en los últimos tres años. Que las pernoctaciones en hoteles se hayan convertido en un lujo inalcanzable para el bolsillo del español medio –son los turistas extranjeros sobre quienes descansa las buenas cifras hoteleras de este verano– o que el parque automovilístico siga envejeciendo año tras año, son los efectos más visibles del empobrecimiento de una clase media que ve como se ensancha inexorablemente la brecha con el sector más pudiente de la población.

Seis años de políticas sanchistas, marcadas por una ideología de tintes marxistas y populistas de los socios de extrema izquierda, nos devuelven a un tiempo que creíamos ya superado, el del pluriempleo y los apaños por horas para ir tirando, mientras se multiplican las subvenciones y ayudas sociales que sólo sirven de paliativos. Un país en el que el Salario Mínimo pasa a ser el determinante de las retribuciones tiene un serio problema social.

Por supuesto, nada de esto parece conmover a un Gobierno que presume de crecimiento y que ha llevado la presión fiscal a cifras de récord sin que por ello haya conseguido reducir significativamente una deuda pública del 108,2 por encima del PIB. Puede el Ejecutivo, de hecho así lo hace, trasladar la responsabilidad a los denostados empresarios –de la misma manera que ha intentado trasladarla a los propietarios de pisos en el mercado del alquiler–, pero la realidad es que España lidera el incremento de la carga fiscal al empleo entre los países de nuestro entorno, hasta el punto de que la suma de cotizaciones sociales e IRPF alcanza el 40,2 por ciento del sueldo bruto. Así no hay clase media que aguante.