La Justicia española se encomienda a Europa

En cualquier país donde rige la separación de poderes sería un escándalo que el presidente del Tribunal Supremo se creyera obligado a señalar cuáles son los nuevos caminos por donde se lleva a morir a las democracias. Pues bien, eso sucedió ayer en Madrid, en el solemne acto de apertura del Año Judicial y en presencia del Jefe del Estado cuando el presidente del Alto Tribunal, Francisco Marín Castán, introdujo en su discurso una referencia al texto «Cómo mueren las democracias», concluyendo que no son los golpes militares o las revoluciones el mayor peligro involucionista, sino el «lento y progresivo debilitamiento de las instituciones esenciales, como son el Poder Judicial y la Prensa, y la erosión global de las normas políticas tradicionales».

Podría decirse que, con todo, lo peor es que la inmensa mayoría de los asistentes era perfectamente consciente de lo que se estaba hablando, mientras la amnistía sobrevolaba el Palacio de Justicia como una ominosa sombra a la que no se pudiera nombrar. Tal vez, señalaríamos al magistrado Marín la inconveniencia de las perífrasis y de las posiciones equidistantes cuando se trata de cuestiones de tanto calado, como la posible intervención de la Justicia por el Poder Ejecutivo, aunque sólo sea porque no ha sido el Partido Popular sino un gobierno de coalición socialista y comunista el que reformó a la carrera la Ley Orgánica del Poder Judicial para impedir que un CGPJ en funciones, de presunta mayoría conservadora, efectuara los nombramientos de jueces y magistrados necesarios para proceder a la renovación de salas y tribunales.

Que, por supuesto, no ha sido el Partido Popular quien ha conformado una mayoría progresista afín al Gobierno en el Tribunal Constitucional, con la designación de ex ministros socialistas y ex altos funcionarios de La Moncloa, y que, por último, no es el Partido Popular sino el PSOE quien se opone al cambio en el procedimiento de elección de los vocales del CGPJ que demandan las instituciones europeas, a quienes el magistrado se refirió en numerosas ocasiones, trasladando la sensación, no exenta de realidad, de que la Justicia española se encomendaba a Europa como alivio al deterioro institucional.

Es forzoso coincidir en que la pretensión del actual presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez, de ser reelegido a toda costa, está tensionando las instituciones y devaluando los usos políticos, pero queremos creer en que, al final, prevalecerá la fortaleza del Estado democrático frente a quienes pretenden, lisa y llanamente, su destrucción. Porque no está solo en su denuncia el presidente del Tribunal Supremo. También existe una opinión pública mayoritaria a la que repugna la pretendida impunidad de quienes, desde las propias instituciones, atentaron contra la Constitución y el Estatuto de Cataluña.