Una Justicia con todas las garantías

Desde el inicio, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha llevado al plano del ataque personal y de la conspiración política el caso judicial que afecta a su esposa, Begoña Gómez, y tratado de interferir, incluso, institucionalmente sobre las actuaciones de un juez instructor de larga trayectoria profesional y a quien, en principio, no se conocían intereses o vinculaciones de cualquier tipo con el caso a investigar. Ciertamente, el hecho de que la esposa del jefe del Ejecutivo se halle incursa en un procedimiento con claros tintes de nepotismo no es cómodo para nadie en el entorno gubernamental, pero la reacción, a nuestro juicio, sobreactuada del propio marido, con carta abierta a la población y retirada de la gestión política durante un periodo de reflexión, y la campaña desmesurada de los distintos sectores del Gobierno contra la figura del magistrado, que le ha llevado a tener que querellarse contra el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, no han hecho más que magnificar una instrucción judicial sujeta, como todas, a las estrictas garantías de nuestro sistema de Justicia, comenzando por el derecho a la presunción de inocencia. Hoy, Begoña Gómez volverá a comparecer ante el magistrado que tomará las disposiciones procedimentales que considere necesarias, ya sea el sobreseimiento de las actuaciones, algo muy problemático, la apertura de juicio oral o la ampliación de las diligencias en curso, como puede ser el análisis de los correos cruzados entre la imputada y su asistente personal, pero, en cualquier caso, bajo el amparo del ordenamiento jurídico de una democracia plena como es la española. Por supuesto, no es posible negar la existencia de un perjuicio reputacional y político para el presidente del Gobierno, como, desafortunadamente, viene sucediendo con casos mediáticos, azuzados en demasiadas ocasiones por intereses partidistas y sometidos a juicios paralelos en la opinión pública. Le asistía por lo tanto al presidente del Gobierno el derecho a ejercer una defensa política y personal de su esposa, como de su hermano, también inmerso en otra peripecia judicial, pero no para llevar esa defensa al terreno del enfrentamiento institucional, nada menos que contra uno de los poderes del Estado, ni, tampoco, para atacar personal y profesionalmente a unos jueces que sólo cumplen con su deber y a quienes, bajo la presión difícil de soportar de quienes detentan el poder ejecutivo, desde La Moncloa hasta la misma Fiscalía General del Estado, pueden verse impelidos a acelerar los procesos de la instrucción para quitarse del foco acusador, algo muy humano, con el perjuicio consiguiente para la acción de la justicia. Con todo, lo peor para Begoña Gómez, como para David Sánchez, es que la desmesura de su esposo y hermano, respectivamente, ha contaminado indeleblemente la percepción de la verdad objetiva de las causas en marcha. La opinión pública ya ha sentenciado y nada hará cambiar esta realidad.