La larga sombra de la corrupción en el PSOE

Casi una docena de juzgados y audiencias de toda España mantienen abiertas causas por delitos de corrupción que implican al PSOE o a personas y grupos con estrecha relación con el actual gobierno socialista. Desde los flecos aún pendientes del caso de los ERE de Andalucía, el mayor episodio de malversación conocido en España, hasta la peripecia chabacana de «Tito Berni», pasando por la financiación ilegal del Partido Socialista Valenciano, el asunto de las mascarillas fantasma de Koldo y por las sospechas de nepotismo y tráfico de influencias que afectan al círculo familiar más próximo del presidente del Ejecutivo, Pedro Sánchez, la opinión pública se desayuna cada mañana con una crónica judicial poco edificante, especialmente, si involucra al partido de un gobierno que propició una moción de censura desde la supuesta corrupción endémica del adversario político.

Ciertamente, en la reciente historia democrática española hemos asistido a demasiados procedimientos judiciales abiertos a instancias espurias, muchos de los cuales se cerraban sin culpables, pero que conseguían el fin buscado de cubrir mediáticamente de oprobio al partido contrario, en unos juicios paralelos que se saltaban sin ningún escrúpulo la presunción de inocencia que asiste como derecho fundamental a cualquier ciudadano español, asunto en el que la izquierda española ha demostrado grandes dosis de virtuosismo.

Ahora bien, lo que supone una sorprendente novedad es el cambio de discurso desde el Poder Ejecutivo ante las actuaciones judiciales que le conciernen –combativo en la negación de los hechos y acusatorio en la intención de los jueces de instrucción–, con episodios que rozan el realismo mágico como el de todo un Consejo de Ministros presionando directamente a un juez en defensa de un ciudadano particular, como es la esposa del presidente, Begoña Gómez, que carece de cualquier vínculo institucional. Es, sin embargo, la derivada inevitable de una manera de entender el ejercicio del poder, que hemos venido en denominar el sanchismo, en la que se presupone que el resto de las instituciones del Estado deben obediencia debida al Gobierno.

Así, vemos a la Fiscalía General del Estado transformada en valladar de los intereses gubernamentales, a la Abogacía del Estado cambiando de postura jurídica cuando lo exige La Moncloa y, en el caso más grave, a un Tribunal Constitucional que primaba la cercanía al poder socialista en la elección de magistrados. Inquieta ver a un ministro, antiguo juez, cuestionado por numerosas resoluciones judiciales, como Grande-Marlaska, justificando el señalamiento de los jueces con acusaciones de prevaricación desde el ámbito de la política, como si fueran legítimas críticas a un Poder Judicial que, no hay que dudarlo, seguirá cumpliendo sus funciones.