El mercadeo con la financiación regional

La financiación autonómica es un asunto recurrente cuando la izquierda demanda los apoyos de los separatistas. Pedro Sánchez ha sido pródigo en generosidad con sus socios en la pasada legislatura y ha tardado una semana en tentar a sus futuros aliados de investidura con un trato económico preferente en el nuevo sistema de financiación de las comunidades, asunto recurrente en la política nacional que es postergado crónicamente por la extraordinaria complejidad que supone conciliar los intereses de los territorios con intereses dispares y especificidades que alimentan necesidades concretas.

El Gobierno se ha despachado por las bravas con que es más urgente que nunca cerrar la reforma del modelo actual con una puesta al día que corrija agravios y desequilibrios de los que ningún territorio es ajeno, entre otras cosas porque todos se sienten discriminados e infrafinanciados. Las prisas extemporáneas de Moncloa han sido aderezadas con la filtración socialista de la propuesta de Pedro Sánchez que pretende compensar un apoyo de Junts y ERC a su investidura con la condonación de una muy buena parte de la deuda pública que mantiene Cataluña con el resto de España fruto, en buena medida, de la pérdida de músculo financiero y contributivo a raíz de la escalada separatista. Hablamos de una quita que podría ascender a 70.000 millones de euros de los más de los 85.000 millones en que se estiman ya los números rojos del Principado.

Como era de esperar, el resto de territorios, incluidos los de administración socialista, han expresado su frontal oposición al conchabeo unilateral y a una regalía dolosa que supone un menosprecio para todos. Moncloa ha abierto un melón agrio con escasa pericia política y aún menos maña mediática. El conflicto estará servido en un Estado autonómico bajo un abrumador poder del centro derecha si Pedro Sánchez se apropia de un patrimonio que es de todos como los compromisos derivados del endeudamiento en un ejercicio de malversación e incluso de fraude políticos. Pero tampoco es descartable que se envuelva el trato con Aragonés y Puigdemont en un acuerdo para todas las autonomías que, en todo caso, dejaría de nuevo en evidencia un liderazgo y un gobierno del poder y de los recursos públicos al servicio de objetivos personales en otra prueba de la degradación de la democracia bajo el sanchismo. La reforma pendiente del sistema de financiación autonómica no puede estar sometida a la emergencia particular. Es la tarea de una legislatura, que pasa por definir criterios que aproximen los costes de prestación de servicios. El actual modelo contempla muchos de ellos, pero su revisión y mejora lo harán más justo. En todo caso, la equidad debe ser el principio irrenunciable, pues todos los españoles somos iguales en derechos y deberes. Sin excepción. Lo contrario es una garantía de conflicto, además de una aberración.