Después de siete años y medio en el poder, el Gobierno y el PSOE han dado cumplidas pruebas de sus convicciones en el capítulo de las responsabilidades públicas. Diríamos, con escasas posibilidades de equivocarnos, que, si han sido capaces de superarse en su estrategia alevosa de corrosión del Estado de derecho y de extrañamiento de las convenciones inherentes a toda democracia plena en su desempeño, casi ninguna de sus actuaciones puede sorprendernos ya, aunque sí elevar aún más nuestra alarma y preocupación por la deriva de la nación en semejantes manos. En todo caso, nunca está de más incidir en ese grado de desafección con las normas de integridad que debieran primar en todo servidor público y en su desapego con el contrato social con los gobernados. Ayer mismo el PSOE se mostró como un convencido reincidente en enmendar el código ético de un demócrata que se tenga por tal. Coincidió la alcaldada en la elección de Miguel Ángel Gallardo como candidato a las elecciones extremeñas con el acelerado movimiento de Ferraz ante el Tribunal Supremo sobre la retirada de casi un millón de euros del banco para pagos en metálico a escasas 24 horas de que declare como testigo el exgerente del partido Mariano Moreno Pavón. En cuanto a Gallardo, que se abalanzó sin primarias para contender con María Guardiola, se pretende blanquear una hoja de servicios que le sentará en el banquillo por tráfico de influencias y prevaricación por el escándalo de la contratación del hermano de Pedro Sánchez en la Diputación de Badajoz en una plaza creada y adjudicada «ad hoc» por ser quien era David Sánchez. Los manejos de Gallardo quedaron retratados como fraude de ley por el alto tribunal regional cuando urdió un plan para sabotear el proceso sobre la trama corrupta del socialismo extremeño mediante un fuero logrado de manera irregular tras la dimisión de los cuatro miembros que lo precedieron en la lista a la asamblea regional en las últimas elecciones. El apoyo a un personaje desprestigiado, que muy probablemente sea condenado e inhabilitado, prueba el respeto del sanchismo a los ciudadanos y puede que constate que el objetivo no sea ganar, sino forzar un escenario de desgaste sin mayoría absoluta para el PP con el factor Vox como detonante. Sobre la información de Ferraz al Supremo de sus movimientos en efectivo, de ese millón de euros y el hallazgo de otros 127.000 en billetes para Ábalos, antes de la declaración de dos testigos clave en el Supremo, describe a una organización que rehúye la transparencia debida y que pretende normalizar estas prácticas oscuras en detrimento de una mera transferencia bancaria. El trasiego de metálico sin fiscalización ni acreditación real ni es normal ni puede serlo. Por sus obras conocemos al PSOE. Entre candidatos procesados y billetes por miles en pagos opacos.