El guion del sanchismo ante la corrupción propia se cumple de manera implacable contra la razón, la responsabilidad y, sobre todo, la verdad. En el caso del ministro Ángel Víctor Torres, cuyas peripecias han quedado expuestas en un informe de la UCO como antes sucediera con otros de los vinculados a la red que mercadeó con las mascarillas durante la pandemia, el cierre de filas se ha repetido. La portavoz del Ejecutivo, Pilar Alegría, ha sostenido que si algo ha dejado claro hasta el momento el análisis de la Guardia Civil en relación con el ministro de Política Territorial y Memoria Democrática es «la falsedad de las acusaciones» en su contra. Ha sido un «déjà vu» de los casos José Luis Ábalos y Santos Cerdán, aunque ha faltado que pusieran la mano en el fuego por su integridad. Como ha sido la pauta con esta administración en todos los órdenes de su acción pública, los hechos son contumaces y dejan en una posición muy complicada al ministro Torres y sus decisiones en el tiempo en el que presidió la comunidad canaria. A diferencia del sanchismo y de sus terminales mediáticas e inquisitoriales, no seremos nosotros los que adelantemos el horizonte judicial del protagonista si es que lo hubiere. La presunción de inocencia debe imperar en estos tiempos en los que la izquierda prefiere el linchamiento en la plaza pública en un ejercicio de esa justicia sumaria que tanto profesan y de la que han sido y son consabidos adalides. Pero la responsabilidad política es otra cosa y en ese plano el ministro Torres no debería seguir un minuto en un cargo público ni siquiera en la vida política. Los mensajes intervenidos por la UCO, escritos y sonoros, constituyen pruebas irrefutables de que ha mentido casi compulsivamente a la opinión pública y, lo que es más grave, en sede parlamentaria, en la que se hartó de proclamar que «Koldo no contactó conmigo. Ni hubo indicaciones ni hubo ninguna orden por mi parte para que se contratara con ninguna empresa en pandemia». Esa falsedad reincidente en la mesa del Consejo de ministros y en el Parlamento sí que podría acarrear alguna resaca penal. Porque su implicación directa con la trama corrupta, esa a la que el Tribunal Supremo califica de organización de malhechores, fue tal que hasta poco menos que se convirtió en su cobrador para doblegar resistencias y que el dinero por unas mascarillas malas, caras y sin homologar, como le avisaron los funcionarios canarios, llegara a los bolsillos de sus amigos. En realidad, su conducta es la de alguien que sirvió a intereses particulares en detrimento del bien común presionando para que «sin comprobaciones» el negocio fraguara. Por no hablar del engaño sobre su conexión con Aldama, que negó siempre, pero para el que hizo gestiones. A Sánchez no le constaba nada de nada en el Senado, a nosotros nos consta que Torres no dijo la verdad, pero que no dimitirá para vergüenza y oprobio.