Pedro Sánchez se mantendrá firme hasta 2027. Los resortes del poder absoluto en el que ha degenerado su mandato son lo suficientemente robustos para soportarlo todo o casi todo. Su palabra es la ley entre sus fieles, de los que se rodea, y con los que controla las instituciones. La obediencia es ciega. En todo caso, para quienes defendemos el Estado de derecho y estamos convencidos de que nada dura para siempre, el contador de las responsabilidades de este régimen difícilmente se pondrá a cero y demandará más tarde o más temprano la depuración de las conductas que sobresaltan a diario la vida de los españoles, pero que hoy el poder amortigua, relativiza u oculta bajo una tupida y organizada secuencia de cortinas de humo y una entidad mediática abrumadora. El último informe de la UCO sobre las conexiones de Santos Cerdán y José Luis Ábalos con la constructora Acciona y la adjudicación pública refuerza los sólidos indicios que se conocían, y que ya catalogaríamos de pruebas, sobre las actividades ilegales de enriquecimiento mediante mordidas de los más estrechos colaboradores de Pedro Sánchez en el Gobierno y en el PSOE. La exhaustiva y complejísima labor de los agentes para salvar aplicaciones encriptadas, citas secretas bajo estrictas medidas de seguridad o comunicaciones bajo notas manuscritas ha permitido poner al descubierto un material de cargo sobre los «negocios» turbios del núcleo duro del socialismo sanchista. En el minucioso documento entregado al instructor del Tribunal del Supremo, los agentes han reunido mensajes, imágenes y demás soportes documentales que concluyen, por ejemplo, que Santos Cerdán era el enlace entre el Gobierno y Acciona para los amaños en la obra pública, el papel de Justo Vicente Pelegrini, de Acciona, y Joseba Antxon Alonso, socio del ex número tres del PSOE en Servinabar, que Santos Cerdán y su «entorno familiar» se beneficiaron de Servinabar, una de las empresas que habría resultado favorecida con los apaños en las adjudicaciones, mediante el cobro de nóminas, alquileres de casas y una tarjeta de crédito, que Servinabar recibía «el 2%» de las concesiones logradas con Acciona, lo que suponía «al menos el 75%» de sus ingresos, etc, etc. La relación de pelotazos para la red con una detallada relación de las obras «controladas», como la del Puente del Centenario en Sevilla, describe de manera difícilmente digerible un sistema controlado desde el poder político convertido en una montaña de corrupción que ni una sola democracia del mundo toleraría. Y todo ello, trufado con menciones de Santos Cerdán al «uno», sus enchufados por Óscar Puente, las tarjetas privadas en manos de cargos públicos, los gastos personales desmesurados, las citas en Ferraz y los «pisos francos» para dejarlo todo atado y bien atado con la cloaca dando cobertura. Moncloa y Ferraz lo minimizarán todo y cuestionarán al Supremo, la UCO y la investigación. Pero este cenagal ya está descontrolado.