No toda la culpa la tiene Pedro Sánchez

Los barones regionales del PSOE, que se preparan para afrontar un probable mal resultado en las elecciones autonómicas, vienen señalando, con mayor o menor énfasis, que la acción política del Gobierno de la nación, condicionada fuertemente por los apoyos parlamentarios de la izquierda radical y los nacionalistas, ha supuesto un lastre para sus expectativas de victoria y preparan un argumentario exculpatorio de su responsabilidad, en el que se carga contra el supuesto error de La Moncloa de haberse dejado arrastrar a un debate nacional que ha podido desvirtuar el sentido de los comicios del 28 de mayo.

Ciertamente, la idea de que estas elecciones son una primera vuelta con respecto a las próximas generales, suele repetirse cada vez que se vislumbra un cambio de tendencia política en el horizonte, con lo que no estaríamos ante novedad alguna. Lo que sí es nuevo es la transferencia de la culpa al líder del partido y jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, como si la propia gestión autonómica no ejerciera la menor influencia sobre el ánimo de los electores.

Por supuesto, no vamos a negar que el precio que ha pagado el líder socialistas para mantener la legislatura –especialmente, a las formaciones nacionalistas–, unido al desbarajuste de sus socios directos, Unidas Podemos, convertidos en artistas de una extravagante ingeniería social, puede traducirse directamente en una peor percepción de la ciudadanía en aquellas regiones sin mayores problemas identitarios, pero existen otras factores que no se deberían obviar por parte de unos barones que, además, no han hecho nada práctico, ya que la mera retórica es inútil por definición, para reconducir la deriva de Ferraz.

Nos referimos a un modelo de gestión socialista, con exceso de carga en lo público, que no consigue reducir la brecha con las comunidades más desarrolladas de España y que se traduce, por ejemplo, en que Extremadura, Castilla-La Mancha y la Comunidad Valenciana presenten unas tasas AROPE, las que miden el riesgo de pobreza y exclusión social de los habitantes de un territorio, siete puntos por encima de la media nacional. Hablamos de unas listas de espera quirúrgicas de 157 días en Canarias,156 días en Extremadura, 106 días en Castilla-La Mancha; 128 días en Aragón y 88 días en la Comunidad Valenciana, frente a los 63 días de Madrid o los 73 del País Vasco.

Hablamos, también de unas comunidades con los mayores endeudamientos sobre el PIB –un 45 por ciento en el caso de Valencia, frente al 12,7 por ciento de la media nacional– y que presentan las mayores tasas de presión fiscal sobre sus trabajadores y empresas, y con cargas impositivas sobre el patrimonio desaforadas. En efecto, si los resultados de las elecciones se aproximan a lo que pronostican las encuestas, Pedro Sánchez tendrá una parte de la culpa, pero, desde luego, los barones también tendrán la suya.