La vivienda, último señuelo electoral

Las políticas de vivienda del actual Gobierno de coalición pueden traducirse fácilmente a un guarismo: sólo el 0,4 por ciento del gasto público se dedica a paliar uno de los problemas más acuciantes de la sociedad española, que afecta especialmente a las generaciones más jóvenes. Pero, también, se explica con otro dato: las partidas transferidas a las comunidades autónomas para alquiler social, vivienda protegida y otras actuaciones habitacionales se han reducido un 35 por ciento en los últimos tres años de gobierno de Pedro Sánchez.

Y todo ello, mientras que los ingresos del Estado han experimentado unos incrementos históricos y la deuda pública ha escalado hasta el 113 por ciento del PIB. Es evidente que la resolución del problema de la vivienda no ha figurado entre las prioridades de la gestión gubernamental, sin duda, porque las competencias se encuentran transferidas a unas comunidades autónomas, cuyos distintos gobiernos plantean líneas de actuación disímiles. Además, la terquedad ideológica de los socios minoritarios del Gabinete, poco proclives a favorecer el desarrollo del tejido inmobiliario, promoviendo una ley de Vivienda que descarga la responsabilidad constitucional directamente sobre los ciudadanos, en este caso, sobre los propietarios de pisos en alquiler, no anima, precisamente, a invertir en un campo que el poder político marca con el estigma de la especulación, sin tener en cuenta que el mercado ha sido capaz de absorber razonablemente el stock de pisos generado por la burbuja de 2008, año en el que iniciaron 865.000 viviendas en España, frente, dicho sea de paso, a las 65.000 nuevas construcciones de 2022.

Que con estos precedentes la maquinaria de propaganda de La Moncloa haya elegido la vivienda como señuelo electoral sólo puede deberse a la convicción de que es posible, como en la novela, suspender el principio de incredulidad de los ciudadanos y hacer pasar como buena mercancía los últimos 50.000 pisos del banco malo, que la Sareb no ha conseguido colocar en el mercado, salvo los «okupados», a lo largo de la última década.

Lo mismo reza para la última promesa de Pedro Sánchez de elevar hasta el 20 por ciento el parque de vivienda protegida, que, actualmente, está en el 3 por ciento, y que exigiría una inversión pública que nadie en el Gabinete parece interesado en cuantificar. No carece, precisamente, de experiencia la Administración española en el campo de la vivienda social, puesto que el Estado fue capaz de hacer frente a la mayor transferencia interna de población de la historia, pero ello exige cumplir con unas reglas precisas. Entre otras, la de dotar a los programas de la financiación pública que hoy no tienen. Mientras no se ponga sobre la mesa del Consejo de Ministros la memoria económica de los anunciados proyectos, parece legítimo sospechar que estamos ante un mero señuelo electoral, además, de último recurso.