Vox denuncia a Podemos ante la Fiscalía Anticorrupción por financiación irregular y se querella contra Sánchez y Delgado

Vox ha presentado una denuncia ante la Fiscalía Anticorrupción por la presunta financiación irregular de Podemos tras las revelaciones aportadas por las autoridades bolivianas relativas a los pagos realizados a la empresa Neurona Consulting vinculada a dirigentes del partido de Pablo Iglesias.

En este sentido, la denuncia presentada recuerda que la ley de financiación de partidos establece que “los partidos no podrán aceptar ninguna forma de financiación de Gobiernos y organismos, entidades o empresas públicas extranjeras o de empresas relacionadas directa o indirectamente con los mismos” y reclama la toma de declaración a Juan Carlos Monedero, Íñigo Errejón, Pablo Iglesias, Baltasar Garzón y José Luis Rodríguez Zapatero.

La denuncia del partido que lidera Santiago Abascal ha sido presentada por la diputada por Málaga, Patricia Rueda, el diputado por Salamanca, Víctor González Coello de Portugal y la vicesecretaria nacional jurídica, Marta Castro. Rueda ha señalado que tanto “los españoles como los bolivianos necesitan saber la verdad” sobre la presunta financiación irregular a la formación de Pablo Iglesias.

En este sentido, el diputado de Vox por Salamanca, Víctor González Coello de Portugal, ha instado al órgano español a coordinarse con el boliviano. “Esperamos que la Fiscalía española colabore con la boliviana y la de otros países por los indicios de la financiación irregular no solo de Bolivia, sino de otros lugares, a tenor de las informaciones que van apareciendo y conoceremos a lo largo de la semana”.

La vicesecretaria nacional jurídica de Vox, Marta Castro, ha señalado que “existen indicios sólidos de la supuesta financiación irregular de Podemos”, por lo que la formación considera “que debe ser investigado” y por eso han “instado a la Fiscalía al inicio de las investigaciones”.

Ampliada la querella criminal contra Sánchez y Delgado

Por otro lado, Vox ha ampliado su querella criminal contra el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y la anterior ministra de Justicia, Dolores Delgado, por tráfico de influencias al nombrar a la querellada como fiscal general del Estado.

La formación argumenta, en su escrito a la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo, la “constatación inequívoca” de que con el nombramiento de Delgado como fiscal general del Estado “se cierra una estrategia concertada de antemano por los querellados” para obligar a la Fiscalía a apartarse de los criterios profesionales que deben regir las actuaciones de este órgano, igual que se hizo con la Abogacía del Estado. Así, las actuaciones de este órgano se acomodan a los intereses espurios fijados por Sánchez y el Gobierno actual.

Vox explica que el artículo 124.4 de la Constitución otorga al Ejecutivo el nombramiento del fiscal general del Estado y que el Gobierno puede pedirle a este que “promueva ante los Tribunales las actuaciones pertinentes en orden a la defensa del interés público”. No obstante, el artículo 8 del estatuto orgánico del ministerio fiscal destaca que las actuaciones de la Fiscalía deben regirse por los principios de legalidad e imparcialidad.