Sánchez hace la campaña a Urkullu: seguridad social y acercamiento de etarras

Gobierno y País Vasco apuran los días para su próxima reunión del 20 de febrero, en la que la ministra de Administración Territorial y Función Pública, Carolina Darias, comunicará el calendario de traspasos comprometidos al Ejecutivo vasco. La transferencia de Prisiones será «inmediata», porque ya estaba prácticamente a punto con Meritxell Batet antes de que el devenir electoral lo paralizara todo. La relativa a la Seguridad Social, que entonces optó por aparcarse, aún se negocia. En Moncloa aseguran que no hay nada decidido todavía pero que el «entendimiento está avanzado». En Ajuria-Enea dan por hecho ambas competencias, después de que Pedro Sánchez prometiera al PNV en su discurso de investidura cumplir con el desarrollo definitivo del Estatuto de Gernika. El Ejecutivo central otorgaría así al de Iñigo Urkullu el mejor cartel electoral con el que concurrir a los comicios anticipados del 5 de abril. El PNV podrá exhibir ante la ciudadanía vasca que su entente en Madrid –permitiendo la investidura y apoyando la supervivencia del Gobierno también con los Presupuestos– genera provechosos réditos para la región. Pero el terreno del PNV se ve amenazado desde la órbita abertzale por Bildu, y es ahí donde entrarían los presos de ETA.

El primer paso, en este sentido, ha sido la progresión de grado de 61 de ellos, que han obtenido el segundo grado penitenciario. Esto les da derecho, entre otros beneficios, a 36 días de permiso al año. Lo han conseguido sin mostrar arrepentimiento, colaborar con la Justicia para el esclarecimiento de los crímenes cuya autoría se desconoce (350) y sin haber abonado a las víctimas las cantidades de dinero en concepto de responsabilidad civil subsidiaria. En instancias oficiales se mantiene que, si han progresado de grado, y han pasado del primero al segundo, es porque han aceptado la «legalidad penitenciaria», lo que se considera un paso adelante; y porque esta medida no va en contra de la normativa vigente. Otros 155 reclusos se mantienen en el primer grado, el más estricto, y entre ellos están los que disienten abiertamente de la estrategia penitenciaria que marca Sortu, el partido de Arnaldo Otegi. Solo un preso ha alcanzado el tercer grado y se encuentra en la actualidad en la cárcel de Pamplona.

Los 61 reclusos en segundo grado, con la citada aceptación de la «legalidad penitenciaria», se podrían convertir, según fuentes solventes, en los primeros que serían trasladados a la cárcel de Zaballa, en Álava, donde, al parecer, ya están preparados unos módulos en los que serían internados. Se trataría de un paso más allá, una medida amparada por la «legalidad» y que permitiría a los socialistas, en especial a los vascos, que están preocupados con este asunto por los efectos que pueda tener en su electorado, salir del paso. El tema de los reclusos etarras está sobre la mesa de las relaciones del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, con sus socios del PNV y EH Bildu. Los primeros, a través de Jonan Fernández, secretario general de Derechos Humanos, Convivencia y Cooperación del Ejecutivo vasco, dieron a conocer un plan de acercamiento; los segundos, han dado un plazo perentorio de seis meses para que se adopte esta medida para intentar que los jeltzales no rentabilicen en exclusiva la medida, sobre todo en vísperas de las elecciones.

La convocatoria anticipada de los comicios vascos, que tendrán lugar el 5 de abril, convierte a los reclusos terroristas en una baza electoral a la que los nacionalistas no van a renunciar; y, para Pedro Sánchez, en un motivo de preocupación, ya que se va a ver obligado a hacer algún gesto importante en este terreno, con las lógicas reacciones de las víctimas del terrorismo y de las formaciones políticas que están en contra de los acercamientos. Precisamente, para evitar este tipo de concesiones a los etarras, el Partido Popular, en su programa electoral, incluyó un apartado, a petición de las víctimas, en el que se proponían modificaciones legislativas con el fin de que el «acceso a un nuevo grado exija, no solo renegar de la violencia, sino la colaboración efectiva para esclarecer los crímenes que aún quedan impunes».

En cualquier caso, los presos que han dado este paso lo han hecho porque la dirección del EPPK (el colectivo que los agrupa) se lo ha permitido, con el fin de aprovechar los resquicios que tiene la ley y obtener beneficios sin cumplir las condiciones antes citadas.

Para el Ejecutivo social-comunista podría ser esa baza que quieren los separatistas vascos, que, de esta manera, la podrían presentar como un logro, uno más, «arrancado» a Madrid, durante la campaña electoral. Además, Sánchez cuenta con el apoyo incondicional de Podemos, que se ha manifestado abiertamente a favor del acercamiento al País Vasco y Navarra de los presos etarras.