Prisiones y pensiones al País Vasco: una cesión contra la igualdad entre españoles

El calendario pactado entre Moncloa y el lendakari permitirá a nacionalistas y a socialistas venderlo como un éxito en la campaña previa a las elecciones del 5 de abril

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y el lehendakari, Iñigo Urkullu
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y el lehendakari, Iñigo Urkullu

¿Qué supone en términos políticos la negociación entre el Gobierno de Sánchez y el Ejecutivo vasco?

El calendario pactado por Moncloa con el equipo del lendakari permitirá que el traspaso de algunas competencias a la administración autonómica sea acordado en plena precampaña de las elecciones vascas. El proximo 20 de febrero se fijará esa agenda competencial y los vascos están llamados a las urnas el 5 de abril. Se da la circunstancia de que, actualmente, el Gobierno vasco es de coalición, integrado por el PNV y por los socialistas vascos, y el objetivo que ha impulsado a Urkullu a adelantar los comicios ha sido el de buscar una mayoría absoluta que no le haga depender a este bipartito ni de Podemos ni de EH Bildu. No hay que perder de vista que la formación de Otegi también ha registrado en el Congreso una proposición en la que reclama al Gobierno la cesión de las competencias pendientes al País Vasco y Navarra en un plazo de seis meses. Y que en la carrera por conseguir estas cesiones, PNV y Bildu compiten desde hace años por llevarse el mérito ante el electorado nacionalista.

¿Hay otras comunidades que tienen traspasada la competencia de prisiones?

Únicamente Cataluña tiene en la actualidad la gestión de las cárceles dentro de su marco competencial. En lo que respecta al País Vasco, las prisiones son una de las 36 materias que fueron incluidas en el Estatuto de Gernika que aún no han sido transferidas y que el PNV busca acelerar.

¿Es posible el traspaso de la competencia de la Seguridad Social a una comunidad autónoma?

Aquí hay que hacer una distinción entre el régimen económico de la Seguridad Social –que es una competencia exclusiva del Estado– y la gestión de las pensiones. Este segundo capítulo está reconocido en el Estatuto de Autonomía de Gernika. En el acuerdo firmado entre el PSOE y el PNV de cara a la investidura de Sánchez el pasado mes de enero se incluyó, de hecho, el traspaso de las competencias pendientes, a cuyo frente los nacionalistas vascos siempre han situado la gestión de las pensiones. «Pedimos al Gobierno central que incorpore al calendario –el que se haga público el 20 de febrero– alguna referencia a esas materias», y en concreto, a las pensiones, aseguró recientemente el portavoz del Gobierno vasco.

¿Rompería esta cesión la igualdad entre españoles?

Este traspaso, aún en estudio, no implica de facto una ruptura de la igualdad, pero la gestión de las pensiones sí abre la puerta a que algunas prestaciones se vean compensadas desde la administración autonómica de manera que sí se vean privilegiados los pensionistas vascos en relación con los del resto del país. Se trataría de una circunstancia añadida al hecho de que los pensionistas vascos son actualmente los que perciben una prestación media más alta de toda España. Esta subida de algunas pensiones por la puerta de atrás sería posible, una vez transferida su gestión, a través de complementos que obedecieran a criterios de renta o sociales.