España

¿Hay mecanismos para suspender las elecciones vascas y gallegas?

La Constitución y la LOREG no prevé este escenario. Pero la declaración del Estado de alarma podría evitar este suceso, aunque es una decisión que depende del Gobierno, al igual que la intervención de la junta electoral central o del gobierno autonómico, en concordancia con el resto de partidos políticos

Ambiente que hay en un colegio electoral, durante esta mañana, en Santiago de Compostela, Galicia
Ambiente que hay en un colegio electoral, durante esta mañana, en Santiago de Compostela, Galicialarazon

Quedan tan solo 24 días para que se produzcan las elecciones autonómicas en Galicia y País Vasco, pero el avance del coronavirus amenaza con paralizar el escenario político actual. La hipótesis sobre que los comicios se suspendan y/o aplacen está sobre la mesa, e incluso, el presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo es partidario de preguntar a la Junta Electoral Central y al Gobierno central para evaluar la situación y convocó ayer a los principales partidos gallegos a una reunión el próximo lunes. El profesor en Derecho Constitucional en la Universidad Cardenal Cisneros, Ibor Fernandes. explica que existen a día de hoy mecanismos que permitirían suspender o aplazar el domingo electoral del 5 de abril, para ello debería pronunciarse la Junta Electoral Central y/o autonómica, el Gobierno estatal debería convocar el estado de alarma o el Gobierno autonómico debería recurrir la convocatoria de elecciones ante los tribunales.

1 ¿Pueden suspenderse las elecciones?

No esta regulado en el ordenamiento jurídico español ese supuesto. Ni en la Constitución, ni en la Ley Orgánica del Régimen Electoral existe una norma específica en la que se de cabida a la posibilidad. No obstante hay instrumentos jurídicos suficientes para suspender o aplazar la celebración de elecciones. Aunque, bien es verdad que valorar el hecho de cancelarlas, sería complicado porque afectaría directamente al principio democrático de los ciudadanos. Sería más vidrioso y complejo, pues podría generar un precedente inaceptable desde el punto de vista constitucional.

2 ¿Tendría sentido suspender o aplazar la votación?

Habida cuenta las circunstancias actuales que afectan de pleno a la salud pública, y la afección de las mismas en relación con el derecho de participación política, sería interesante que los operadores políticos fomentaran que efectivamente se suspendieran o aplazaran las votaciones.

3 ¿Cuáles serían los instrumentos jurídicos para suspender o aplazar el procedimiento electora?

Hay, al menos, cinco opciones. Modificar la Ley Orgánica del Régimen Electoral; modificar la ley electoral autonómica; el acuerdo de la junta electoral autonómica; la modificación por parte del Gobierno autonómico del decreto de convocatoria de elecciones y la declaración del estado de alarma, un escenario que depende del Gobierno central.

4 ¿Cuáles son los mecanismos jurídicos más viables para acometer una suspensión o aplazamiento de las elecciones autonómicas?

Aunque existen dudas de las competencias de la Junta Electoral Central y autonómica sobre este encaje en cuanto a poder suspender o aplazar elecciones, sí podrían llegar a tomar parte y determinar una decisión, según fuentes del organismo. Aunque no existen precedentes, el Gobierno autonómico, sí hubiese un acuerdo de los partidos políticos podrían recurrir ante los tribunales la convocatoria de elecciones y en última instancia sería el Tribunal Constitucional el que tomara la decisión. Otro de los mecanismos sería el de declarar en España el estado de alarma. Una decisión que depende del Gobierno. Ni la LOREG, ni la ley electoral autonómica se contemplan como escenarios viables de aplicación. La LOREG no podría modificarse por el procedimiento de urgencia y en todo caso comportaría al Congreso reunir la mayoría necesaria. Tampoco podría cambiarse la ley autonómica electoral, al estar desconvocado el parlamento autonómico y la diputación.

5 ¿Cuántas personas tienen derecho a voto en Galicia y País Vasco?

El domingo electoral reuniría hasta dos millones y medio de personas en Galicia y otro millón y medio de ciudadanos en el País Vasco.