Estado de alarma: Las autonomías fuerzan a Sánchez a tomar medidas drásticas

La fuerza de la emergencia sanitaria y la presión de las demás comunidades autónomas han terminado pesando más que el rechazo de los socios independentistas del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, a aceptar someterse al mando único que impone el estado de alarma, que hoy decretará el Ejecutivo para contener la pandemia de coronavirus en España. La situación era insostenible, pero La Moncloa ha aguantado hasta llegar al límite para evitar recentralizar la Sanidad, los transportes y, en suma, la respuesta a la crisis sanitaria nacional. La decisión implica dejar desnudo el liderazgo de Sánchez, ya que se queda sin el escudo autonómico para esquivar las responsabilidades que directamente le competen a él. Ahora es el momento de las decisiones, tal y como sostienen todas las partes, «y ya habrá tiempo de que se juzgue a cada una en el ejercicio de sus responsabilidades», repartidas hasta hoy, porque a partir de ahora se examina por encima de todo el Gobierno de España.

La multiplicación exponencial de los casos detectados en nuestro país y el riesgo de que las comunidades autónomas empezaran a entrar en una dinámica caótica han sido epílogo de semanas en las que, pese a los precedentes de lo ocurrido en otros países como Italia, el Gobierno ha optado por dosificar las decisiones que tomaba de acuerdo con las autonomías. Y protegiéndose en la posición de los técnicos sanitarios, a pesar de que la extrapolación de esos precedentes confirmaba que se avanzaba hacia el camino de llegar a convertir a España en uno de los focos más «tóxicos» a nivel mundial. Las comunidades gobernadas por PP y Ciudadanos han sido las que más han presionado en las últimas horas para que se optara por una respuesta más contundente y, sobre todo, unitaria. Aunque en esta posición están también otros gobiernos socialistas, más contenidos en la verbalización de su malestar por la situación de descontrol, pero igual de superados por la crisis. A partir de hoy el Gobierno toma el control, imponiendo así sus decisiones al reparto competencial. Y esto afecta a todas las partes del territorio nacional, también a Cataluña y al País Vasco, y a todos los recursos disponibles. El estado de alarma confi rma que la crisis del coronavirus ha hecho estallar todo por los aires. Quizás no justo a la manera que querría el ex presidente del Gobierno socialista, pero casi. Esta situación de estado de alarma implica que todas las autoridades quedan sometidas a la autoridad del Gobierno de la Nación, es una recentralización «in extremis», que da legalidad a decisiones que sin cobertura legal se estaban tomando hasta ahora, señalan desde la sede del Ejecutivo regional madrileño, «como la de empezar a limitar la libertad de circulación de poblaciones enteras, como, por ejemplo, está ocurriendo en Igualada». Si en algo hay ya acuerdo en esta situación límite es que la prioridad ahora mismo es la gestión sanitaria y, después, los efectos económicos que pueda provocar la misma. Pero por fin parece que las principales administraciones implicadas han tomado conciencia de que cuanto más se tarde en atajar la expansión de la enfermedad, mayor será el coste, y que únicamente se puede ser eficiente mediante la implantación de medidas más drásticas. La máxima de que la crítica no es oportuna en tiempos de crisis no es del todo correcta porque la crítica ayuda a corregir errores, si no es puramente oportunista, y aún más útil resulta la autocrítica. «Hemos actuado tarde por miedo a las consecuencias económicas y porque la política, en todos los niveles y de todos los colores, ha intentado mantenerse de perfi l el máximo tiempo posible porque sabía que tiene muy poco que ganar y mucho que perder», sentencia un consejero del Gobierno autonómico socialista.

Compartir recursos La situación acepta el símil bélico, señalan desde el mismo Ejecutivo regional, donde advierten de que «en los próximos días habrá que tomar decisiones muy difíciles y que dejarán en evidencia las disfunciones y la falta de solidaridad de la política de reinos de Taifas de algunos». Esas decisiones «muy difíciles» refi eren a la posibilidad, y a la necesidad, de que todas las comunidades autónomas españolas compartan recursos y bienes, que no son del «reino de Taifas, sino de todos los españoles», como puede ser el reparto de material disponible, según las necesidades de cada región, o incluso el traslado de personas enfermas de unas comunidades a otras, en función de la disponibilidad de plazas hospitalarias que haya.

«Estas decisiones deben atender al principio de solidaridad y de igualdad, y el mando único y el estado de alarma deben ser la garantía para que el Gobierno de Pedro Sánchez actúe en todo momento conforme a estos dos criterios, estrictamente, y no según los colores del Gobierno autonómico o de las presiones de sus socios independentistas», inciden tajantes en el Ejecutivo andaluz.

También desde Madrid o Castilla y León, por ejemplo, se apunta en la misma dirección. «Sólo desde una respuesta centralizada y solidaria podremos salir de esta crisis. Y la urgencia es lo sanitario, pero el Gobierno se está quedando muy corto en lo económico y esto también acabaremos pagándolo, como el tiempo perdido para atajar la epidemia», advierten en el Gobierno de Castilla-La Mancha, socialista. La conclusión de todos los responsables políticos, y aquí no hay siglas que valgan, es que España se enfrenta a uno de los momentos más complicados de su historia democrática. Con una realidad sanitaria y social que necesita gasto público, pero con unos Presupuestos inciertos, con la deuda en niveles máximos, y con la urgencia de captar recursos de otras partidas para atender las prioridades sanitarias y garantizar la supervivencia de familias y empresas en situación extrema. PP, Cs y Vox apoyaron ayer el estado de alarma, pero criticaron que llegara tarde.