Justicia aporta 756 médicos forenses y 180 facultativos a la lucha contra el coronavirus

El ministro de Justicia, Juan Carlos Campo, ha puesto a disposición del Ministerio de Sanidad 756 médicos forenses de toda España, todos los que no estén prestando servicios mínimos, para la lucha contra el coronavirus. Así lo ha anunciado en una rueda conjunta con el titular de Interior, Fernando Grande-Marlaska, en la que además ha anunciado que otros 180 facultativos, 84 técnicos especialistas de laboratorio y 83 ayudantes del Servicio de Toxicología colaborarán en la lucha contra esta pandemia, en su caso en la realización de los test para constatar las infecciones de Covid-19. Se trata, ha dicho, de “personal con formación especializada" en la realización de ese tipo de pruebas “en tiempo real”.

El titular de Justicia -que ha querido lanzar “un mensaje de ánimo y esperanza” asegurando que “los sacrificios que estamos haciendo estos días tendrán su recompensa”- ha negado que se vayan a cerrar juzgados y ha puesto sobre la mesa el que será su principal objetivo, “garantizar un servicio público esencial sobre todo en estas situaciones críticas”.

Asimismo, ha anunciado que ya se ha constituido una “comisión de coordinación de crisis” en la Administración de Justicia, en la que están representados además de las comunidades autónomas, la Fiscalía y el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ). De hecho, ha dado a conocer los servicios esenciales que, según han acordado “de manera consensuada”, deberán prestarse “de forma presencial”. Entre ellos, cualquier trámite que pueda ocasionar perjuicios irreparables, los internamientos urgentes no voluntarios por razón de trastorno psíquico, las medidas de protección de menores, las órdenes de protección en los juzgados de violencia sobre la mujer, la expedición de licencias de enterramiento, las inscripciones de nacimiento y la celebración de matrimonios “in artículo mortis” por el Registro Civil y las actuaciones con detenidos que resulten inaplazables.

Además, también tendrán carácter prioritario cualquier actuación en causas con presos , las consideradas urgentes en materia de vigilancia penitenciaria y, ya en la jurisdicción contenciosa, las autorizaciones de entradas sanitarias, urgentes e inaplazables, y recursos contencioso-electorales. Asimismo, en el orden social los procesos de expedientes de regulación de empleo y los ERTE y, en general, los procesos en los que se alegue una vulneración de derechos fundamentales y que sean urgentes.

Pese a que el Departamento de Justicia de la Generalitat ha dejado ya claro su “frontal y contundente” rechazo a esa comisión, el ministro ha negado cualquier discrepancia con las CC AA y, aunque reconocer que ha habido “debate”, ha garantizado “una respuesta uniforme en todo el territorio nacional” que se plasmarán en una normas comunes de seguridad laboral para toda la Administración de Justicia que se elaborarán este fin de semana conjuntamente con los responsables autonómicos.

Respecto a las reticencias de algunas asociaciones de jueces y sus denuncias sobre la falta de seguridad sanitaria se ha mostrado comprensivo porque “todos tenemos una sensación de peligro”, y se ha limitado a decir que sus demandas “se están abordando”.

Y en cuanto a las carencias registradas en el turno de oficio, Campo ha hecho hincapié en que “estamos bajo el prisma de las autoridades sanitarias” y que tratándose de un “servicio que garantiza un derecho fundamental” como el de la asistencia letrada “habrá que adoptar las medidas necesarias", para lo que ya está en conversaciones, ha explicado, tanto con el Consejo General de la Abogacía como con los colegios de psicólogos. “Puedo garantizar que se están observando todas las medidas impuestas por la autoridad sanitaria”, ha intentado tranquilizar a los más reticentes.

En lo que sí ha sido tajante ha sido en que "no se va a cerrar ningún juzgado" donde se produzcan casos de contagio. En esos supuestos, ha dicho, "se produce un desalojo inmediato para desinfectarlo y reanudar después la prestación de esos servicios esenciales".

“Dejan sus miedos aparte todos los días”

Campo ha pedido también a los ciudadanos que parte de esos aplausos diarios desde los balcones a los profesionales sanitarios vayan también para los funcionarios de la Administración de Justicia, “que dejan todos los días sus miedos aparte y se centran en atender a los ciudadanos”. Y se ha comprometido a que en los próximos días “se van a potenciar todos los medios de protección para que puedan realizar su trabajo de una forma más tranquila y más segura”. “Quizá su trabajo no sea tan visible en estos momentos -ha concluido- pero no puedo sino reconocer la encomiable labor que prestan para garantizar los derechos de los ciudadanos”.

Una orden dictada ayer por el titular de Sanidad, Salvador Illa, en su calidad de autoridad competente delegada durante la vigencia del estado de alarma, atribuyó a Campo la coordinación de todos los funcionarios de la Administración de Justicia, incluso en las comunidades autónomas con las competencias delegadas, así como de “los servicios públicos prestados a través de los colegios profesionales”, en particular el turno de oficio y la asistencia jurídica gratuita.

En esa misma resolución ya se habilitaba al titular de Justicia para constituir una “comisión de coordinación” para consensuar las medidas necesarias para el mantenimiento de los servicios esenciales y dar cumplimiento a las recomendaciones dictadas por el Ministerio de Sanidad.