El abogado que denuncia a Sánchez por el 8-M pide que Simón declare como testigo

El abogado que denuncia a Pedro Sánchez por prevaricación y lesiones por imprudencia profesional por permitir las marchas feministas del 8-M pese a la pandemia del coronavirus solicita en su denuncia la práctica de varias diligencias, entre ellas la declaración como testigo de Fernando Simón, director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias del Ministerio de Sanidad. El letrado Víctor Valladares señala a Simón como uno de los once profesionales sanitarios que elaboraron un informe del organismo que dirige y de la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios que el pasado día 6, 48 horas antes de las concentraciones del Día Internacional de la Mujer, “ya alertaba sobre los peligros de expansión del coronavirus y las medidas que convenía tomar”.

Valladares ha acudido hoy al Tribunal Supremo a presentar ante la Sala Segunda la denuncia -que ya suma más de 7.000 adhesiones-, pero según ha explicado a este periódico el registro estaba cerrado, por lo que finalmente la ha presentado por la tarde de forma telemática.

En su escrito, hace hincapié en que cuatro días antes el Centro Europeo para el Control y Prevención de Enfermedades, encargado de “reforzar las defensas de Europa contra las enfermedades infecciosas”, alertó en un informe de “las medidas de distanciamiento social individual” que debían “promover” los países de la UE, entre las que figuraba la de “evitar” acudir a “actos multitudinarios”, como “medida preventiva”, instando a los gobiernos a “considerar la cancelación de las concentraciones masivas en casos excepcionales” donde existiera un contagio local con el objetivo de reducir la transmisión del virus.

“Por parte del Gobierno se tenía, que sepamos, conocimiento desde el día 2 de Marzo de 2020, refrendado por su propio Ministerio de Sanidad el día 6 de Marzo, de la inidoneidad de celebrar cualesquiera tipo de reuniones multitudinarias ante el peligro de la transmisión del virus Covid-19, y aún así por parte del presidente del Gobierno se permitió, a través de las diferentes Delegaciones de Gobierno, la celebración de todo tipo de manifestaciones”, denuncia el abogado.

Valladares asegura en su denuncia -dirigida también contra los delegados del Gobierno por autorizar las concentraciones del 8-M- que solo en la Comunidad de Madrid se celebraron 77 y enumera en toda España cerca de 80 convocatorias multitudinarias entre el 7 y el 8 de marzo. Precisamente ayer una juez de Madrid abrió diligencias penales para investigar la posible responsabilidad del delegado del Gobierno, José Manuel Franco, por estos hechos. En su resolución, la magistrada Carmen Rodríguez-Medel rechazaba instruir, por falta de competencia, la denuncia contra el presidente del Gobierno y remitía a Valladares a formalizarla, en su caso, ante la Sala Segunda del Tribunal Supremo.

“Por parte de la UE se envía un informe en el que se recomienda a los gobiernos de los estados miembros evitar la celebración de reuniones tumultuosas, y no solo por parte del denunciado Sánchez se desoye esa información, sino que se autorizan manifestaciones multitudinarias en la inmensa mayoría de localidades españolas, cuando en ese momento ya incluso se había prohibido en algunos eventos deportivos la asistencia de público”, asegura el letrado. “¿Por qué en cambio se autorizaron estas manifestaciones multitudinarias poniendo en riesgo y peligro vital a sus asistentes y a toda la sociedad española? ¿Por qué no se emitió una orden que evitara cualesquiera tipo de eventos multitudinarios, tal y como los mencionados o el celebrado por el partido político Vox en el palacio de los deportes de Vistalegre de Madrid, o algunos eventos deportivos o conciertos musicales? ¿A qué interés se debía el proceder del presidente del Gobierno?”, se pregunta en la denuncia.

“Las cifras hablan por sí solas”

Según el Ministerio de Sanidad -recuerda- en España había oficialmente 114 contagiados cuando el 6 de marzo se emitió el informe del organismo europeo, declarada ya la pandemia, mientras que el pasado día 14, cuando se decretó el estado de alarma seis días después del 8-M, esa cifra se había multiplicado por 55, alcanzando los 6.319 infectados. Unos datos que contrasta con lo sucedido en Italia, donde “ya habían adoptado las medidas de confinamiento y de evitar reuniones tumultuosas” siguiendo las directrices del informe. Respecto al país transalpino, añade, el rimo de infectados fue “45 veces superior”. “Las cifras hablan por sí solas y no dejan sino de reafirmar el carácter delictivo de los hechos aquí denunciados”, mantiene.

El denunciante considera, además, que con la autorización de las marchas del 8-M el presidente del Gobierno puso "en peligro" a miembros de su propio Gobierno, "como la ministra Irene Montero, que resultó infectada en la manifestación del 8-M celebrada en Madrid, o la propia mujer del denunciado Sánchez, que también asistió a la citada manifestación, o la vicepresidenta primera del Gobierno". "Baste como ejemplo que de la pancarta de la cabecera de la manifestación en defensa de los derechos de las mujeres que se celebró en Madrid, la mitad se infectó con el Covid-19", añade.

El artículo 404 del Código Penal castiga “a la autoridad o funcionario público que, a sabiendas de su injusticia, dictare una resolución arbitraria en un asunto administrativo” con la pena de nueve a 15 años de inhabilitación especial para empleo o cargo público y para el ejercicio del derecho de sufragio pasivo. En cuanto a las lesiones por imprudencia profesional, las penas que acarrea son de multa o incluso de tres meses a tres años de prisión.