El Defensor del Pueblo insta a Interior a facilitar test y medios de protección a los funcionarios de prisiones

El Defensor del Pueblo, Francisco Fernández Marugán, ha reclamado al Ministerio del Interior que facilite test de detección del Covid-D19 y medidas de protección a los funcionarios de prisiones tras la quejas del sindicato CSIF sobre la insuficiencia del material, que según denuncia obliga a reutilizar las mascarillas durante tres días, y la ausencia de test para el personal de los centros penitenciarios, tanto de vigilancia como sanitario.

Según informa en un comunicado la central sindical, Fernández Marugán ha instado al departamento que dirige Fernando Grande-Marlaska ha adoptar la medida de forma “prioritaria” dado que estos trabajadores prestan servicios considerados esenciales. Así se lo ha comunicado por escrito el Defensor del Pueblo a la Central Sindical Independiente y de Funcionarios en contestación a la queja presentada ante la institución por CSIF solicitando “amparo ante la situación de indefensión de la población reclusa y del personal de Instituciones Penitenciarias por la falta de medidas de protección frente al coronavirus”.

Cuando está a punto de concluir la tercera semana con el estado de alarma en vigor -se queja la organización sindical- “Interior aún no ha facilitado los medios de protección suficientes”. En prisiones como la de Puerto de Santa María (Cádiz), se queja CSIF, “aún no han llegado los medios y se protegen gracias a mascarillas fabricadas por una comunidad de religiosas”. En líneas generales, recalcan, “el material es insuficiente”, incluso se han llegado a proporcionar “mascarillas caducadas” y en algunos centros los trabajadores las usan “durante tres días seguidos con el riesgo que ello conlleva”.

Además, añade CSIF, tampoco se están facilitando los test de detección del virus, por lo que en estos momentos “más de 1.000 empleados públicos penitenciarios (más del doble que la semana pasada) se encuentran de baja en el servicio por haber dado positivo o estar en cuarentena, lo que afecta a las de por sí mermadas plantillas y desde luego podría afectar a la seguridad” de los centros. Asimismo, más de un millar de internos se encuentran en aislamiento en las prisiones españolas.

Más de un millar de quejas

En un comunicado difundido ayer, la institución -que durante la crisis del coronavirus ha recibido ya más de un millar de quejas- el Defensor del Pueblo está "en permanente contacto" con los responsables de la Administración Penitenciaria y con la secretaría de medidas penales, reinserción y atención a la víctima de la Generalitat de Cataluña "para conocer las medidas que se están tomando en todo el país para proteger a la población reclusa y a los funcionarios que trabajan en estos centros".

Fernández Marugán afirma ser consciente del "importante esfuerzo" que están desarrollando la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias "para preservar el derecho a la salud de internos y funcionarios" y afirma disponer ya de "información detallada de todas las actuaciones que están realizando".

El Defensor del Pueblo recuerda que la semana pasada la Organización Mundial de la Salud (OMS) publicó una guía sobre cómo abordar el Covid-19 dentro de los centros penitenciarios y el Comité de Prevención de la Tortura del Consejo de Europa presentó una declaración de principios sobre este mismo tema unos días antes. Para Fernández Marugán, “sería conveniente, a la luz de estos documentos y del desarrollo de la situación en las prisiones, llevar a cabo una evaluación permanente de las medidas adoptadas hasta el momento y su modulación, siempre con criterios científicos de salud pública”. E incide especialmente en cuestiones como el tratamiento sanitario y penitenciario, con especial atención “a los grupos más vulnerables” como ancianos, mujeres embarazadas o enfermos crónicos, y las comunicaciones familiares y con otras instituciones, “procurando, en particular, el mayor uso posible de las nuevas tecnologías, tal y como viene sucediendo entre el conjunto de la ciudadanía”.