El Gobierno acusa la precipitación y aplaza la “desescalada” hasta el 26 de abril

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, buscó el pasado sábado equilibrar el impacto del anuncio de una nueva prórroga del estado de alarma con el mensaje esperanzador de que «estamos en condiciones de superar el pico y doblegar la curva de la epidemia». Dulcificó la advertencia de que la excepcionalidad irá más allá de los 15 días que prevé legalmente la Constitución, con el horizonte de un «plan de transición» en el que trabajan ya técnicos y expertos y que se pondrá en marcha una vez que se avance en la estabilización de la epidemia. Un señuelo. Una de cal y una de arena, para que el compromiso de los españoles, confinados ya más de 25 días en sus casas, no decaiga. «Hay que mantener el sacrificio y la moral de victoria», imploró. Sin embargo, la precipitación de anticipar este «plan ultimado» de desescalada de las restricciones impuestas hasta ahora, lejos de generar un efecto tranquilizador y de alivio a la población ha despertado de nuevo suspicacias e incertidumbres que se suman a la situación extrema del aislamiento.

Esto ha obligado al Ejecutivo a rectificar y poner coto a las informaciones que circulan sobre las eventuales condiciones en las que se levantará el confinamiento. De predicar el «plan de transición» a guardarlo en un cajón hasta que acabe la última prórroga del estado de alarma.En Moncloa aplazan cualquier decisión sobre la «desescalada» «hasta el 26 de abril». Así lo señaló ayer la portavoz del Gobierno, María Jesús Montero, que se dio de plazo «las próximas dos semanas» para que los expertos sigan recabando datos, con el objetivo de diseñar «el escenario definitivo» entre las varias posibilidades que se barajan. La portavoz gubernamental confirmó que se trabaja en diversos modelos, pero evitó adelantar su contenido para no contribuir a la confusión que se está generando con algunas decisiones, como la recomendación de llevar mascarilla en el exterior, cuando su provisión a la población no está todavía garantizada.

Montero aseguró que todavía es «prematuro» saber si se va a optar por adoptar medidas generales o restringidas –por ejemplo, específicas por territorios– y condicionó la puesta en marcha de las mismas a la evolución del virus en las próximas semanas. «Sin adelantar nada hasta que los expertos nos lo señalen», aseveró. Lo cierto es que en Moncloa han optado ahora por aferrarse a la «prudencia», aunque sí se está trabajando de forma anticipada «para que cuando tengamos que aplicarlo se pueda hacer en 24 horas», en alusión a lo que ya ocurriera con el cese de la actividad productiva no esencial. Entonces, se ordenó a los ministerios preparar borradores del alcance que tendría la decisión, para adoptarla de manera inmediata. No en vano, se puso en marcha en apenas un día.

Dentro de esta excesiva anticipación se encuadra la directriz lanzada por Sánchez a los presidentes autonómicos durante la videoconferencia que mantuvieron el pasado domingo de que prepararan antes del viernes 10 de abril una relación de infraestructuras públicas y privadas que poner a disposición del Estado por si fuera necesario confinar fuera de sus casas a los contagiados asintomáticos. La medida, lejos de aportar certidumbre sobre la contención del virus, ha enredado al Gobierno en sus lagunas legales sobre si la medida debería ser voluntaria u obligatoria, incluso con pronunciamientos contradictorios de los propios ministros que comparecen a diario desde Moncloa. También el uso de las mascarillas ha sido objeto de debate, pero desde el Gobierno aseguran que si se recomiendan de forma «generalizada o no» dependerá, en todo caso, del plan que se ponga en marcha, de los diferentes que barajan los expertos que aconsejan al Gobierno.

Fue el propio Sánchez quien levantó esta liebre, después de que él mismo apareciera protegido con guantes y mascarilla en una visita oficial a una fábrica de respiradores, cuando hasta ahora las autoridades sanitarias habían restringido su uso a los contagiados por coronavirus. El presidente aseguró que el «plan de transición» se desarrollaría en tres ejes: medidas de higiene, test masivos y aplicaciones para rastrear el virus. Concretamente los dos primeros ejes son los que más dudas han despertado.

La recomendación u obligación de utilizar mascarillas para salir a la calle cuando el stock en las farmacias está agotado aporta un punto de incertidumbre a la población, que llevó al presidente del Gobierno a asegurar que se garantizarían, aunque fuera «a marchas forzadas». Algo similar ha ocurrido con los test. La nueva estrategia es hacer, a partir de la semana que viene y durante tres semanas, un muestreo rápido epidemiológico de la sociedad española con el fin de conocer qué porcentaje real ha superado el coronavirus. En Moncloa insisten en que pensar o anticipar escenarios futuros no debe hacer que se baje la guardia.