La Audiencia constata que Interior intentó desde enero hacer acopio de medios de protección

La Audiencia Nacional se ha vuelto a negar a instar de forma cautelar a la Administración a facilitar medidas de protección contra el coronavirus, en este caso a los guardias civiles, como había solicitado la Asociación Española de Guardias Civiles (AEGC), que pretendía que la Sala de lo Social diese un plazo de 24 horas a la Dirección General del Instituto Armado para entregar a todos los agentes que están prestando “servicio activo de protección de la seguridad” equipos de protección individual (EPIs) y a realizarles las pruebas de detección del Covid-19.

La Abogacía del Estado se opuso a la medida y defendió que “es público y notorio que nos encontramos ante una situación de reconocida escasez de equipos de protección individual para todos los colectivos sujetos a riesgo de contagio, y que por parte del Ministerio del Interior se han adoptado numerosas medidas para prevenir el riesgo que pudiera afectar" a los agentes. Asimismo, reiteraba que “el destino de los equipos de protección individual es con carácter prioritario o preferente el de atención de los centros sanitarios y sus profesionales”, dado que, recordaba, “en este momento las necesidades de los centros sanitarios de todo el territorio español de equipos de protección no están cubiertas”.

En su resolución, los magistrados consideran que “difícilmente puede apreciarse la actitud de inobservancia de la normativa en materia de seguridad y salud laboral que, de forma un tanto gratuita” atribuye la asociación a la Dirección General de la Guardia Civil, puesto que constata que desde finales del pasado enero está desarrollando para paliar los riesgos de exposición al virus “una actividad preventiva, encaminada a evaluar los riesgos de la diferentes unidades en atención a los riesgos que se expone en cada una de ellas, así como las gestiones necesarias para el acopio de recursos preventivos en una situación mundial de desabastecimiento”. Habiendo dado además, añade, “cumplida cuenta del material que se dispone y de los criterios adoptados para su uso”.

Entre la documentación aportada por la Dirección del Instituto Armado figura una relación de los medios de protección contra el virus facilitados hasta ahora a los agentes, que incluye según Interior 866.490 mascarillas, 3.720 unidades de gel hidroalcohólico y 2.621.800 guantes de nitrilo. El almacén central del servicio de abastecimiento de la Guardia Civil dispone aún “a fecha actual”, según relaciona, de 409.600 guantes de nitrilo, de 12.820 mascarillas autofiltrantes FFP3, otras 150.300 FFP2 y de 890.570 mascarillas quirúrgicas, las que menos protección ofrecen frente al coronavirus.

La Audiencia Nacional ya avaló el “ingente esfuerzo” de Interior al desestimar recientemente las peticiones de tres sindicatos policiales que instaron al tribunal a que obligase al Ministerio a facilitar a los agentes medidas para disminuir el riesgo de contagio por coronavirus.

El tribunal reprocha a la AEGC “la ausencia de acreditación alguna, siquiera indiciaria”, de las “graves aseveraciones que se contienen de forma genérica” ensu escrito de solicitud de medidas cautelares, en el denuncia la “total pasividad” de la Dirección General de la Guardia Civil ante el “alto riesgo de contagio” de los agentes al no contar con medios de protección adecuados.

La Sala cuestiona además la petición de entrega de EPIs y realización de test “de forma indiscriminada”, pues entiende que “lejos de mitigar el riesgo de retardo, lo acrecienta”, poniendo en peligro “un bien jurídico superior y trascendente al que se pretende proteger con la futura demanda, cual es la salud pública de la sociedad en su conjunto”

“Ante una situación de notoria y conocida escasez de recurso preventivos y de test diagnósticos eficaces para la detección del Covid-19”, señala el tribunal, la pretensión de la asociación no solo trasciende las competencias de la Dirección General de la Guardia Civil, sino que “pone en peligro el uso racional” que de los recursos disponibles debe efectuar ese organismo con relación a su plantilla e, incluso, condiciona “las prioridades que al respecto puedan efectuarse por las autoridades sanitarias, en orden a la práctica de los test, para garantizar la salud colectiva”.

En otro auto, la Sala rechaza también la medida cautelar solicitada por el Sindicato Alternativa Sindical de Policía para que se realicen de forma urgente test de detección rápida a los funcionarios de la Policía Nacional. Respecto a su petición de que dicha medida se extienda al resto de cuerpos policiales y a la Guardia Civil, los magistrados estiman la falta de legitimación del sindicato para la ampliación de dicha medida al resto de miembros de las fuerzas de seguridad.