Desescalada en Justicia: los juzgados abrirán también por la tarde

El decreto de medidas urgentes para evitar el colapso y garantizar las medidas de seguridad por el coronavirus se prolongará hasta tres meses después de levantarse el estado de alarma

Turnos de tarde voluntarios para los funcionarios, más teletrabajo, promover la atención a distancia a los ciudadanos y la movilidad del personal. Estas son algunas medidas del decreto de medidas urgentes que marcará las pautas en la Administración de Justicia para superar las consecuencias de la crisis sanitaria del coronavirus. Tras una nueva reunión hoy mismo por videoconferencia de la Comisión de Coordinación de Crisis de la Administración de Justicia para avanzar en la hoja de ruta, el ministro Juan Carlos Campo ha confirmado en un comunicado que el Gobierno dará el primer paso con la aprobación de ese real decretro-ley que persigue “la reactivación del trabajo en juzgados y tribunales garantizando la salud laboral de los profesionales”.

Según explica Justicia, la norma comprende una panoplia de actuaciones urgentes en los ámbitos procesal, concursal, organizativo y tecnológico, orientadas “a reanudar la actividad judicial desde criterios de seguridad y flexibilidad y durante un tiempo limitado a la vigencia del estado de alarma y los tres meses posteriores”.

Entre las medidas organizativas, el ministro ha explicado a los representantes autonómicos, del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y de la Fiscalía que el borrador de ese decreto-ley contempla que los funcionarios “puedan acogerse de forma voluntaria a turnos de mañana y tarde, lo que redundará en un incremento de la actividad y en la salvaguarda de la distancia interpersonal que deberá seguir manteniéndose”. Además, se plantea “autorizar la movilidad del personal entre órganos judiciales de la misma jurisdicción y localidad”. Asimismo, se ampliarán de manera extraordinaria los plazos procesales para facilitar el progresivo restablecimiento de la actividad judicial.

Justicia anuncia que a partir de la próxima semana llegará a las sedes judiciales “una nueva remesa de equipos de protección personal”, aunque el Ministerio es consciente, dice, que deberá dar respuesta "a las necesidades futuras que, en materia de protección sanitaria, va a plantear la reanudación progresiva de la actividad judicial asegurando, al mismo tiempo, su uso eficiente”.

Con todas estas medidas, el Ministerio busca “incrementar progresivamente la capacidad de respuesta de la Administración de Justicia y contribuir así a superar la crisis”. Las medidas tecnológicas -asegura Justicia- facilitarán el teletrabajo, la atención a distancia del público y la realización de actos procesales de manera telemática. Todas ellas, añade en el comunicado, “han obtenido un amplio consenso” e incluyen propuestas tanto del CGPJ como de la Fiscalía General del Estado, las comunidades autónomas y los colegios profesionales. Esta norma será, según ha señalado Campo, “la primera pieza del acuerdo para la reconstrucción en el sector”.

Este plan integral para combatir los efectos de la crisis sanitaria incluye también una ley de impulso y agilización procesal que contendrá "medidas a medio y largo plazo para avanzar hacia una mejor gestión en los órganos judiciales y en su transformación digital", una norma que está previsto que cuente con "un primer esqueleto normativo" a lo largo del próximo mayo, una vez escuchadas las propuestas de las administraciones competentes.

Quince días después del fin del confinamiento

La hoja de ruta de Justicia recoge del mismo modo la puesta en marcha de “planes de choque” en las jurisdicciones social, contencioso-administrativa y mercantil, ámbitos en los que se prevé una mayor afluencia de asuntos tras el parón de la actividad económica. Como quedó recogido en la disposición 19ª del decreto por el que se adoptaron las medidas urgentes complementarias en el ámbito social y económico para hacer frente a la pandemia, recuerda el Ministerio, “el Gobierno activará estos planes en los 15 días posteriores al fin de las medidas de confinamiento”.

Justicia también apuesta por disponer de un esquema de seguridad laboral que cuente con recursos suficientes en el que todas las administraciones aúnen esfuerzos para “superar la fragmentación competencial actual y avanzar hacia un marco conjunto común validado por las autoridades sanitarias que permita garantizar la seguridad del personal de los juzgados con la desescalada de las medidas de contención”. Al mismo tiempo, continúa, “se perseguirá un empleo eficiente y seguro de los espacios físicos y se buscará ampliar la capacidad telemática de los profesionales”.

En la reunión, el ministro se ha referido también a la “buena acogida” que, según él, ha tenido la reactivación de LexNET y la reanudación de las notificaciones a las partes de los procesos en curso durante el estado de alarma, lo que está permitiendo, dice “la vuelta a la normalidad” en estas actuaciones.