Una asociación de guardias civiles ve un “abuso” el aumento de seguridad en el chalet de Pablo Iglesias

La Unión de Guardias Civiles (UGC) ha criticado la decisión de Interior de redoblar la seguridad en torno a la vivienda del vicepresidente del Gobierno, Pablo Iglesias, y la ministra de Igualdad, Irene Montero, en Galapagar (Madrid) a consecuencia de los escraches que se han llevado a cabo en los últimos días en sus inmediaciones por decenas de ciudadanos indignados con la gestión del Gobierno de la crisis del coronavirus.

En un comunicado, esta asociación profesional insta al ministerio que dirige Fernando Grande-Marlaska a que facilite a las organizaciones representativas del Instituto Armado información sobre “los motivos que llevan a incrementar de forma tan elevada los servicios de seguridad en torno a la vivienda”. “Es seguridad que se detrae de otros puntos, porque los medios no son inagotables”, lamenta.

El portavoz de la UGC, Francisco Javier Nodar, asegura a LA RAZÓN que el hecho de que “haya una mayor conflictividad no quiere decir que sea violenta o ponga en peligro la integridad de nadie”. De hecho, recuerda, entre las medidas que se han adoptado está ya el cierre de la calle donde se encuentra el chalet. “¿A cuántos ciudadanos se les corta su calle por problemas de seguridad?”, se pregunta Nodar, que recuerda que “al ministro Ábalos también le han hecho un escrache y no creo que le hayan cortado la calle”.

Entre los agentes que prestan el servicio, asegura, hay "malestar" porque "al final te ponen entre el político y el ciudadano y parece que nos estamos posicionando". "Y si algo ha caracterizado a la Guardia Civil es que somos apolíticos", recalca.

“Los políticos merecen ser protegidos, porque también son servidores públicos -deja claro-, pero lo que no se puede hacer es un abuso de posición, que es lo que entiendo que está pasando ahora”, pues dice que no hay constancia de que Iglesias o Montero hayan presentado “ninguna denuncia por amenazas o acoso que justifique el aumento del dispositivo de seguridad”.

Según explica el portavoz de la UGC, el dispositivo que se ha puesto en marcha en los últimos días incluye cinco patrullas, diez agentes que provienen tanto del puesto de Galapagar como de la Usecic, la unidad móvil de seguridad ciudadana de la Benemérita. La asociación profesional muestra en el comunicado su “total apoyo” a todos los agentes “que prestan sus servicios diarios ante la vivienda” del vicepresidente del Gobierno.

La asociación hace hincapié en que ya ha denunciado con anterioridad "la precariedad" en la que tienen que prestar el servicio los agentes que se encargan de la "vigilancia de forma continua de la vivienda", lo que llevó a la propia UGC, añade, "a la instalación de un aseo portátil" para su uso. "Colocamos nosotros mismos el aseo, porque no había ni un espacio a cubierto para guarecerse del sol y el frío", recuerda.

Para el portavoz policial “un par de compañeros creo que es suficiente si evaluamos la escala de peligrosidad, salvo que Interior tenga otra información” y dice no entender el motivo por el que se ha reforzado el despliegue con la Usecic, teniendo en cuenta que hasta el momento no se han producido incidentes durante las protestas.

Asimismo, recuerda que “hay sentencias que concluyen que el escrache es algo permitido” e incluso refuerzan el derecho a la libertad de expresión en relación al mayor grado de “exposición” a la crítica de los cargos públicos. De hecho, la Audiencia de Madrid calificó el escrache a la entonces vicepresidenta Soraya Sáenz de Santamaría a las puertas de su vivienda en 2013 como “un mecanismo ordinario de participación democrática de la sociedad civil”.

“No nos parece justo”

El portavoz de la UGC niega que se hayan producido incidentes con los manifestantes durante las caceroladas vespertinas. “La gente es muy sensata”, subraya, y recalca que “nosotros no hacemos sino cumplir el mandato que se nos da”. “Lo que hace falta saber es si esa orden es ponderada -reitera- y que no nos expongan a un problema de naturaleza política”, dice, pretendiendo que los agentes ejerzan “de escudo para el bienestar de un político”. “No nos parece justo -se queja- y más cuando este político ha echado pestes contra las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad con frases muy desafortunadas, que merecerían al menos una rectificación”.

“Las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad nunca hemos sido lacayos de nadie”, replica. No obstante, no cree su petición de explicaciones a Iglesias prospere y obtengan así una rectificación. “Con la política hemos topado”, se resigna.

En el comunicado, la Unión de Guardias Civiles también insta a Iglesias a pedir disculpas públicas “por las ofensas y ataques vertidos por él y por alguno de los componentes de su agrupación política contra los miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y en caso de que no se produzcan solicitamos su dimisión ante la incoherencia de sus actos como representante del Gobierno de España”.

"Si hubiese cierta coherencia esto no se hubiese hecho", mantiene Nodar, que recuerda que los precedentes al respecto solían ser "con políticos amenazados" porque "hay que ser muy prudentes a la hora de desplegar medios".

La UGC recuerda por último a la ciudadanía que las Fuerzas y Cuerpos de seguridad, tal y como recoge el artículo 104 de la Constitución, “bajo la dependencia del Gobierno tendrán como misión proteger el libre ejercicio de los derechos y libertades y garantizar la seguridad ciudadana”.