El Gobierno lleva al Congreso la supresión de títulos franquistas

La exhumación de Francisco Franco del Valle de los Caídos fue el comienzo de toda una ofensiva que el Gobierno quiere culminar en esta legislatura. PSOE y Unidas Podemos acaban de registrar en el Congreso de los Diputados la Proposición No de Ley (PNL) que entre otras cosas supondría la retirada del Ducado de Franco a Carmen Martínez-Bordiú, los títulos nobiliarios del franquismo y las medallas al policía Antonio González Pacheco, más conocido como «Billy el Niño».

El trámite lo empezó el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, en la anterior legislatura y lo retomó en febrero, pero no había sido completado hasta el pasado 18 de mayo con la presentación de la PNL ante la Mesa del Congreso.

El Grupo Parlamentario del PSOE y el Grupo Parlamentario Confederal Unidas Podemos renovaron así su compromiso de anular las condecoraciones a «Billy el Niño» once días después de que el conocido torturador franquista falleciera el pasado 7 de mayo por coronavirus.

La intención es asimismo hacer un catálogo de los títulos nobiliarios concedidos por el régimen franquista a sus adeptos entre 1948 y 1978. Junto al Ducado de Franco, que primero pasó a su hija, Carmen Franco, y que desde 2018 ostenta su nieta mayor, Carmen Martínez-Bordiú, hay otros casi cuarenta títulos concedidos durante los años posteriores a la Guerra Civil que PSOE y Unidas Podemos pretenden cancelar y retirar a sus poseedores. En concreto, instan a «revisar e invalidar todas las distinciones, nombramientos, títulos honoríficos y demás formas de realzar a personas y entidades que supongan exaltación o enaltecimiento del golpe militar de 1936, la Guerra Civil y del franquismo».

Los partidos que integran la coalición en el Gobierno proponen «la elaboración de un catálogo de títulos nobiliarios concedidos entre 1948 y 1978, que representen la exaltación de la Guerra Civil y dictadura, para su supresión». Afecta, por tanto, a las distinciones creadas o rehabilitadas por Franco que se encuentran en activo y cuyos titulares son herederos de los militares o ilustres de la sociedad civil que fueron catalpultados hacia la alta alcurnia en los años de poder del «Caudillo».

La intención es que esta PNL sea convertida en Ley por el Ejecutivo, igual que se hizo para proceder a la exhumación de los restos de Franco el pasado 24 de octubre, «un avance histórico». La vía sería un real decreto ley, si el Gobierno considera que, como la exhumación, ha de hacerse con trámite de urgencia, o la de la Proposición de Ley de Memoria Histórica y Democrática (en trámite parlamentario) que ya contempla en su artículo 5 acabar con estos títulos nobiliarios.

Además del ducado de Franco existen el ducado Primo de Rivera, el ducado Calvo Sotelo, ducado de Mola, conde Alcázar de Toledo, el marquesado de Dávila y el ducado de Labajos, entre otros, otorgado a Onésimo Redondo, fundador de las JONS.

En el caso de «Billy el Niño» y otros recompensados con medallas, la propuesta reconoce que ni la Ley 5/1964 sobre condecoraciones policiales ni, en el caso de la Guardia Civil, la Ley 19/1976 prevén un procedimiento de revocación de las mismas pero considera «evidente que tal omisión no impide concluir que el mantenimiento de estos reconocimientos públicos es contrario a nuestro ordenamiento jurídico más básico».

La vicepresidenta del Gobierno y ministra de Presidencia y Memoria Democrática, Carmen Calvo, ya confirmó hace unos días en el Senado que el Ejecutivo seguía con sus planes de quitar honores a «Billy el Niño» aunque fuera después de muerto. En la Proposición de Ley pendiente de debate en el Congreso el PSOE ya incluía un punto para dar respaldo legal y poder aplicar esa decisión.

Según apuntan PSOE y Unidas Podemos en su iniciativa, todavía se está pagando «el importe de 115 medallas policiales concedidas antes de 1979 a agentes de policía de la dictadura franquista». Consideran que la acusación de delitos de «lesa humanidad sobre algunos de los beneficiarios» es «incompatible con todo reconocimiento público», no solo por su «peso simbólico» sino por «los derechos económicos asociados, sufragados con el presupuesto público».

Ambos partidos instan al Gobierno a que se consideren «contrarios a la memoria democrática del Estado los reconocimientos o condecoraciones por el desempeño de su cargo o funcionarios y autoridades de la dictadura franquista que, antes o después de la concesión, hayan formado parte del aparato de represión de la dictadura».

Reacciones

En declaraciones a LA RAZÓN, el abogado de la familia de Franco, Luis Felipe Utrera-Molina, considera que «no deja de ser sarcástico que esto salga en medio de una crisis de la que el Gobierno dice que tenemos que salir unidos. Todo lo relativo a la Ley de Memoria Histórica es un despropósito que solo busca dividir a los españoles. Es muy lamentable». Acerca de la revocación del Ducado de Franco, el letrado se muestra escéptico. «Tienen que hacerlo por ley, y aun así es más que discutible que puedan» aunque, apunta, «después de ver lo que han hecho con la exhumación todo es posible en España porque el Estado de Derecho está en gravísima crisis».

Y sobre las intenciones sobre «Billy el Niño», Utrera-Molina cree que es «un auténtico despropósito desde el punto de vista jurídico. ¿Cómo van a sancionar a un fallecido por hechos no acreditados?».

Para el presidente de la Fundación Nacional Francisco Franco (FNFF), Juan Chicharro, se trata de una iniciativa que «no nos sorprende en absoluto pues está en línea con los criterios sectarios y guerracivilistas a los que nos tiene acostumbrados este Gobierno».

En opinión de Chicharro, «en lugar de continuar planteando asuntos que no buscan otra cosa que venganza más le valdría [al Ejecutivo] centrarse en su defensa ante las querellas» presentadas en su contra en el Tribunal Supremo «y dejarse de pactos con los enemigos de España que no sean para buscar justicia a las familias de tantos asesinados por ETA, entre ellos numerosos socialistas».

Lamenta el presidente de la FNFF esta actitud «cuando hay sobre la mesa casi 50.000 muertos» como consecuencia «en parte de la mala gestión del Gobierno socialcomunista» ante la crisis sanitaria actual y «cuando nos encontramos al Gobierno pactando con Bildu acuerdos en nada relacionados con los cientos de casos de asesinados por ETA aún sin resolver».

En definitiva, Juan Chicharro pide a los miembros del Ejecutivo que se «busquen otras ideas» si lo que pretenden es «desviar la atención sobre el desastre en el que se encuentra España por su nefasta gestión sanitaria y económica».