La Fundación Franco pide al Tribunal Supremo que devuelva sus restos al Valle

Junto a los recursos que la familia de Francisco Franco interpuso contra su exhumación en el Valle de los Caídos, faltan por resolverse los que presentaron la Fundación Nacional Francisco Franco (FNFF), la comunidad benedictina de Cuelgamuros y la Asociación en Defensa del Valle de los Caídos. El próximo 7 de julio, los magistrados de la Sección Cuarta de la Sala Tercera de lo Contencioso-Administrativo del Supremo se reunirán para deliberar los recursos interpuestos contra el acuerdo del Consejo de Ministros del 15 de febrero de 2019 por el que se acordó la exhumación. Y, a la vez, contra el acuerdo de 11 de octubre de 2019 que ordenaba el inicio de las operaciones necesarias para la ejecución del anterior, que debía finalizar con la reinhumación en Mingorrubio –y no donde la familia había elegido, la madrileña catedral de la Almudena–.

Todos los recursos iban contra la decisión que había tomado el Gobierno y solicitaban la medida cautelar de paralizar su ejecución. El Supremo rechazó esta pretensión y permitió la exhumación, pero aún queda pendiente resolver el fondo del asunto.

Tras conocer la fecha en la que la Sala se reunirá para estudiar los escritos que impugnan las decisiones del Gobierno, la Fundación Franco señala en un comunicado que de esta reunión se podrán sacar dos conclusiones: «O todo resulta un esperpento» o «va a corregir su grave error jurídico» que además, «lesiona los derechos fundamentales de la persona», en referencia al recurso presentado por los Martínez-Bordiú Franco ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, que debe decidir en breve si lo admite a trámite.

Recuerda la FNFF que la Sección Cuarta del Supremo levantó la medida cautelar de suspensión, «lo que permitió que el gobierno socialcomunista llevara a cabo la profanación de un lugar sagrado con absoluta omisión de los reconocimientos y respetos debidos» a quien fue jefe del Estado, «transmitiendo al gobierno que todo lo que hacía era correcto, legal y constitucional (ni siquiera hubo ningún voto particular entre sus integrantes que se planteara la inconstitucionalidad del secuestro –único en el mundo– del cadáver a su familia, para tenerlo bajo llave en Mingorrubio, en una sepultura adquirida deprisa y corriendo por Patrimonio Nacional, en vez de donde la familia tiene sus derechos funerarios», en la cripta de la Almudena.

Para la Fundación Franco, «la corrección es legalmente posible. Otra cosa» es que los miembros del Tribunal Supremo «se atrevan después de lo que ya permitieron», aseguran en la Fundación, que acusa al alto tribunal de haber «dado tanto oxígeno a los actuales gobernantes liberticidas, que ahora se creen con superioridad moral para dar lecciones de historia, orden y respeto a la ley a la mitad de los españoles».

Considera la Fundación que la «corrección» es posible por la composición del tribunal que estudiará los recursos. Según apunta, la magistrada Pilar Teso será la ponente, mientras que José Luis Requero y Segundo Menéndez, a los que sitúa en las «antípodas en ideología pero que en este asunto se unieron a favor de la exhumación y a favor de ignorar los derechos de la Iglesia y de la familia», ya «no se sentarán a deliberar».

Acerca de la aparente dificultad del retorno de los restos al Valle de los Caídos, el presidente de la FNFF, Juan Chicharro, se muestra cauto. «No nos creemos nada, y ya veremos si sale la reforma de la Ley de Memoria Histórica, que es demencial», apunta. «La propuesta dice que [Franco] no podrá estar nunca sea cualquiera la titularidad allá donde pueda ser visitado», afirma, «así que ya me dirás dónde puede estar».

Por su parte, el letrado de la familia Franco, Luis Felipe Utrera-Molina, no cree que la decisión que se adopte vaya a sorprender. «Del Tribunal Supremo no espero nada distinto», señala.