La red consular, bajo mínimos: edificios en ruina y poco personal

El pasado 18 de febrero, el Ministerio de Trabajo y Economía Social envió al de Asuntos Exteriores un oficio en el que ordenaba «la paralización de forma inmediata» de las actividades dentro del Consulado General de España en Mendoza (Argentina). Las «patologías significativas existentes» en varios muros del edificio, que no habían sido resueltas a lo largo de los años, recomendaban su cierre para evitar males mayores (literalmente, «el colapso de dichos muros»).

Este es solo un ejemplo de la decadencia de la red consular española que, según viene denunciando reiteradamente la Asociación de Diplomáticos Españoles (ADE), está al borde de la ruina. No solo de algunos de sus edificios, el deterioro también se refiere a la dotación de efectivos y de recursos. Tal y como resume a LA RAZÓN el presidente de la ADE, Alberto Virella, en conversación telefónica, «lo que hay es una falta de voluntad, una dejadez hacia el servicio exterior. Y eso se traduce en una peor atención a la ciudadanía española fuera del país».

El argumento de que no existan Presupuestos Generales del Estado (PGE) desde 2023 ya no es creíble. «El gasto en Defensa, por ejemplo, ha aumentado sin necesidad de presupuestos nuevos. Si hay voluntad política, se pueden reasignar recursos», continúa.

Más españoles, más necesidades

Lo cierto es que las cifras hablan por sí solas. Como recoge el Balance de Actividad Consular 2024, que fue presentado el pasado mes de junio, a 1 de enero de 2025 residían en el exterior 3,045 millones de ciudadanos españoles, 137.000 (4,7%) más que en la misma fecha del año anterior. «Un incremento que se traduce en un aumento automático de los servicios demandados», reza un documento hecho público por la ADE, el sindicato mayoritario de la carrera diplomática. Por sólo recordar dos ejemplos del citado Balance, en 2024 las oficinas consulares españolas expidieron 402.882 pasaportes (un aumento del 3,6 % con respecto a 2023), y realizaron 199.404 inscripciones en los Registros Civiles consulares (un 27% más que en 2023).

Según continúa el mismo comunicado, «el aumento no se limita a los servicios prestados a los ciudadanos españoles. También los servicios prestados a los ciudadanos extranjeros crecen de manera sostenida: el pasado año las oficinas consulares tramitaron 1.796.533 visados (un 11,6% más que en 2023).

Como la ADE viene defendiendo desde la publicación en enero de 2024 de su informe sobre la situación de la red consular, «se necesitan con urgencia más recursos para hacer frente a esta situación, que empeorará radicalmente con el impacto de la Ley de Memoria Democrática, que posiblemente incrementará el número de españoles residentes en el exterior desde los tres millones actuales a cerca de cuatro».

Para reforzar los consulados más afectados por dicha ley, el pasado mes de julio tres plazas de cónsul general adjunto, que eran temporales, han sido convertidas en fijas por Hacienda y Función Pública. Un refuerzo que está muy lejos de las necesidades reales.

El pasado 16 de junio, el Congreso de los Diputados aprobó una proposición no de ley instando al Gobierno a crear nuevas plazas en el exterior, sobre todo para el servicio diplomático. Se habla de unas 90 plazas, partiendo de una propuesta de la ADE que señalaba la necesidad de reforzar consulados donde no hay cónsul general adjunto o solo hay un segundo diplomático.

Una de esas tres plazas que se han consolidado pertenece al consulado de la capital argentina. «Solo en Buenos Aires hay más de 600.000 solicitudes vinculadas a la Ley de Memoria Democrática. Y con los recursos actuales, eso llevará décadas. Además, una vez tramitadas, aumentará la demanda de servicios cotidianos: inscripciones en el Registro Civil, pasaportes, matrimonio, defunciones... No hablamos solo de una sobrecarga temporal, sino de una demanda permanente que seguirá creciendo», apunta el presidente de esta asociación que integran seis de cada diez diplomáticos españoles.

Todas estas peticiones de la ADE las han remitido periódicamente al ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, con el que la comunicación dista mucho de ser fluida. «En marzo de este año presentamos una propuesta para financiar la red consular. Propusimos que parte de las tasas consulares se destinen directamente al mantenimiento y mejora de esa red, como hacen otros países. Está publicada en nuestra web, es una propuesta constructiva. Pero no ha habido ninguna respuesta. Ni siquiera un acuse de recibo».

Violeta Alonso Peláez vive en Fráncfort (Alemania) y es la presidenta del Consejo General de la Ciudadanía Española en el Exterior (CGEE), órgano de carácter consultivo y asesor adscrito al Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones. Su objetivo es velar por el cuidado de los derechos de los españoles que viven fuera de nuestras fronteras y que superan ya los tres millones de personas.

El día después del «gran apagón», el pasado 29 de abril, Violeta tenía una reunión en Moncloa con el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, una cita que tuvo que ser cancelada por razones obvias y que, al menos de momento, no ha sido reagendada.

Igualdad de género

En una entrevista con este periódico, la presidenta del CGEE asegura que desde el inicio de su actual mandato, de carácter voluntario y no remunerado, en 2022 han presentado un total 133 propuestas. Todos los consejeros y consejeras realizan esta labor en nuestro tiempo libre. «Uno de los temas recurrentes es la falta de recursos consulares. La digitalización ha ayudado, pero no es suficiente. La población en el exterior ha crecido muchísimo en los últimos 15 años. Por ejemplo, aquí en Fráncfort, tenemos el doble de población que en 2008, pero la mitad del personal en el consulado. La atención consular está desbordada», explica por teléfono.

Uno de los asuntos que esta española considera prioritarios es la atención a las mujeres víctimas de violencia de género en el exterior. «Este año, tras nuestro informe, el Pacto de Estado contra la Violencia de Género incluyó por primera vez a las mujeres españolas en el exterior y sus hijos como beneficiarios de todas las medidas de protección. Es un gran avance. Pero ahora hay que materializarlo: traducirlo en recursos y mecanismos efectivos, como asistencia jurídica gratuita en países donde no existe. Hay mujeres que no pueden pagar un abogado y necesitan apoyo inmediato. Eso se puede trabajar con convenios y redes diplomáticas, pero requiere voluntad política y presupuesto».

«Otro tema muy importante para el Consejo es la nacionalidad. Lo que ha aportado la Ley de Memoria Democrática debería consolidarse en una reforma del Código Civil. Que el acceso a la nacionalidad no dependa de leyes temporales. Esa limitación está generando muchísima presión. Además, hay casos que no entran en la actual ley, y que consideramos que deberían estar. También pedimos abordar otros aspectos, como evitar la pérdida involuntaria de nacionalidad. Por ejemplo, si en Alemania adquieres la nacionalidad alemana y no vas en tres años a decir que quieres conservar la española, la pierdes», concluye Violeta.