Podemos insistirá en que se abra una comisión de investigación en el Congreso sobre Juan Carlos I

El principal socio del PSOE en el Gobierno ha manifestado su intención de presentar en el Congreso de los Diputados una comisión de investigación sobre los negocios de Juan Carlos y, más concretamente, sobre el supuesto cobro de comisiones por la adjudicación a empresas españolas. Fuentes del partido de Pablo Iglesias han confirmado que el grupo confederal quiere que esta iniciativa parlamentaria tenga la mayor cantidad de apoyos, para lo que el portavoz de Unidas Podemos, Pablo Echenique, está poniéndose en contacto con todos los grupos parlamentarios. Las mismas fuentes aseguraron que “teniendo en cuenta lo ocurrido anteriormente, el diseño jurídico de esta comisión de investigación va a ser diferente para que tenga una mayor probabilidad de ser aprobada en la Mesa del Congreso”.

A pesar de que entre los grupos de la izquierda en el Congreso es unánime el planteamiento de investigar los supuestos delitos relacionados con Don Juan Carlos, Unidas Podemos ha decidido registrar en solitario la petición de la comisión. Esta mañana eran ERC, JxCAT, la CUP, BNG, PNV y Compromis los partidos que daban a conocer que mañana volverán a registrar la petición para la creación una comisión de investigación en el Congreso sobre el rey emérito. Se trata de la tercera petición ya que lanzan los republicanos y los integrantes del Grupo Plural (JxCat, Más País, Compromís y BNG), después de que la Mesa del Congreso rechazara las dos primeras.

Unidas Podemos promovió la petición de creación de la comisión tras llegar al Gobierno en marzo, sin embargo, finalmente rehusó su registro justificando que no era el “momento acertado”, al encontrarse el Ejecutivo inmenso en frenar la crisis del coronavirus.

La pelota se encuentra ahora en manos del PSOE, que será quien con sus votos decida en la mesa del Congreso si dar luz verde o no a esta petición. Hasta ahora, esta pretensión de la izquierda siempre ha sido rechazada por el órgano, que se escuda en la opinión de los letrados de la Cámara Baja de que no se puede investigar sobre el citado asunto por la inviolabilidad del rey permanente, recogida en la Constitución.

Fue el pasado 12 de mayo cuando la mesa rechazó la pretensión de la CUP de llamar a comparecer al rey Felipe VI y a su padre D. Juan Carlos I por sus supuestas donaciones de Bahrein atribuidas al anterior jefe del estado. Una solicitud que fue rechazada con los votos del PP, PSOE y de Vox, mientras que los morados, el cuarto grupo que forma parte de la mesa del Congreso, optó por respaldar la petición de la CUP.

Anteriormente, el 30 de marzo, el Congreso rechazó también una propuesta similar a solicitud de ERC, JxCat, PNV, Más Pais, BNG, Compromís y Bildu. Entonces, PSOE, PP y Vox volvieron a unir sus votos para vetar la comisión, mientras que Unidas Podemos votó a favor de permitir el debate.

Por su parte, el PP ha rechazado hoy mismo que se cree una comisión de investigación en el Congreso alegando que este “cometido” corresponde a la Justicia, no al Parlamento. Además, ha indicado que la izquierda con ese tipo de comisiones lo que busca es un “juicio paralelo” y “desgastar instituciones” como la Monarquía. Así se han pronunciado el secretario general del PP, Teodoro García Egea, y la vicesecretaria de Política Social, Cuca Gamarra, después de que la Fiscalía del Tribunal Supremo haya asumido la investigación derivada de las diligencias abiertas en diciembre de 2108 por Anticorrupción para aclarar el destino de 80 millones de euros que según la empresaria Corinna Larsen, de casada Corinna zu Sayn-Wittgenstein, se habrían repartido entre otros el Rey emérito por la adjudicación del AVE a La Meca a empresas españolas en 2011.

García Egea ha rechazado que el Congreso investigue este asunto porque, a su juicio, “cada institución debe ocuparse de lo que los ciudadanos le han encomendado”. A su entender, el Parlamento “debe ocuparse de redactar leyes que mejoren la vida de los ciudadanos”, el Ejecutivo de aplicarlas y el Poder Judicial de evaluar si los ciudadanos cumplen o no la ley, sean quienes sean.