El juez recrimina a la defensa de Iglesias que pretenda limitar el “caso Bousselham”

Nuevo sobresalto procesal en la investigación por el robo del móvil a la ex asesora de Podemos Dina Bousselham. El juez de la Audiencia Nacional Manuel García Castellón le ha instado a cambiar de letrado ante la existencia de un "insostenible" conflicto de intereses por el hecho de que su abogada es la misma que representa a Pablo Iglesias, a quien recientemente retiró la condición de perjudicado en la causa. Si no lo hace, advierte, se le designará uno de oficio.

Y es que el magistrado mantiene que frente a la “inequívoca voluntad de esclarecer los hechos” de Bousselham -puesta en duda por la Fiscalía, que llegó a pedir que compareciera ante el juez para perdonar de forma expresa al líder de Podemos-, su abogada, al actuar también como defensa del actual vicepresidente, está “empeñada en limitar” la investigación penal.

El instructor, que tampoco comparte el criterio de Anticorrupción de que la ex asesora morada pretenda exculpar a Iglesias, mantiene que “es necesario garantizar la pretensión de Dina Bousselham en su legítimo derecho a ejercer la acción penal y esclarecer el delito, frente a una representación empeñada en limitar esta actuación”. Sobre todo, subraya, teniendo en cuenta “el carácter particularmente degradante y vejatorio que los hechos que se han venido conociendo tienen” para la víctima, en tanto en cuanto atentan contra su intimidad y contra su patrimonio.

En esta “pieza Dina” del “caso Tándem” -que mantiene en prisión provisional al comisario jubilado José Manuel Villarejo desde noviembre de 2017-, la Audiencia Nacional investiga el robo del móvil de Bousselham en noviembre de 2015 y la difusión de determinadas conversaciones con el líder de Podemos a través de una aplicación de mensajería, entre ellas una en la que aseguraba que “azotaría” a la periodista Mariló Montero “hasta que sangrara”.

Pero esa investigación ha dado un giro desde el momento que, tras negar a Iglesias la condición de víctima, el juez pretende esclarecer cúantos meses tuvo en su poder la tarjeta el líder morado desde que se la entregaron dos periodistas de Interviú en enero de 2016 y si, tras comprobar su contenido, tuvo algo que ver en su borrado, dado que cuando se la entregó a su ex asesora en el Parlamento Europeo en una fecha indeterminada (según García Castellón no antes de 2017), la tarjeta SIM estaba dañada. El actual vicepresidente considera la difusión de esas conversaciones una operación de la "Policía patriótica" urdida por Villarejo para desacreditarle, pero el instructor ha descartado esa posibilidad dado que no se encontraron en poder de Villarejo dispositivos con esa información anteriores al 14 de abril de 2016, cuando el político ya la tenía en su poder desde hacía tres meses.

García Castellón no comparte la conclusión de la Fiscalía de que Bousselham no quiere esclarecer los hechos porque, según Anticorrupción, siempre haya pretendido que se investigue al medio digital que reveló esas conversaciones, OK Diario. Ni tampoco que del comportamiento de la víctima se desprenda, como sostiene la Fiscalía, una tácita renuncia al ejercicio de la acción penal frente a Pablo Iglesias. El Ministerio Público, subraya el magistrado, “pone el foco de atención en las diferentes versiones de Dina Bousselham, en ocasiones contradictorias, y trata de inferir de ello una voluntad exculpatoria tácita” respecto a Iglesias.

“Es precisamente en este punto -recalca el juez- donde el conflicto se revela insostenible”. Y subraya que no cree oportuno en este momento “pretender una exculpación frente a quien ni siquiera ha sido llamado al proceso como investigado”.

Iglesias “no ostenta la condición de investigado”

El titular del Juzgado de Instrucción número 6 de la Audiencia no cree, sin embargo, que la “única finalidad” de la víctima del robo sea investigar al medio digital que publicó las conversaciones, y recuerda que en un escrito del pasado día 8 manifestaba su interés en esclarecer si la sustracción de su móvil fue una actuación “deliberada encaminada a la obtención de información sensible, privada e íntima, tanto personal como profesional” y que esos archivos pudiesen estar “en posesión de personas ajenas a mi confianza sin autorización alguna”. Por lo tanto, concluye el juez, “la sustracción de la tarjeta y su suerte ha sido (y sigue siendo) para la víctima un elemento nuclear de su pretensión” y por ello “reclama de la Justicia una respuesta”.

Fue ella, subraya, quien “puso en marcha la actividad judicial” denunciando los hechos, personándose en la causa abierta en el Juzgado de Primera Instancia número 5 de Alcorcón e impulsando los hechos. Asimismo, recuerda, amplió la denuncia policial en diciembre de 2018 y ya con el procedimiento en la Audiencia Nacional, constata que ha presentado a través de su defensa “reiterados escritos para la adopción de diligencias de investigación”.

En marzo de 2019, Bousselham se personó como acusación particular, en tanto que perjudicada, designando como letrada a Marta Flor Nuñez. Ese mismo día, la misma letrada fue designada por Pablo Iglesias, también como acusación particular, una representación que sigue manteniendo mientras no sea firme la retirada de su condición de perjudicado.

Esa posición la ve el juez incompatible con la que ejerce la misma letrada en defensa de Iglesias -quien reitera “no ostenta la condición de investigado”-, que recurrió su expulsión del procedimiento, por lo que considera imprescindible que no compartan abogada por la necesidad de “garantizar a Dina Bousselham un efectivo derecho al ejercicio de la acción penal que permita encauzar su pretensión encaminada al esclarecimiento de los hechos que se investigan”.