Los dos millones en dietas que cobraron los diputados... por no asistir al Congreso

A finales del mes de marzo, cuando la pandemia azotó con mayor virulencia al país, se abrió el debate sobre si los diputados del Congreso deberían renunciar a las indemnizaciones que cobran por «los gastos que les origina la actividad de la Cámara». Un eufemismo para referirse a las dietas que perciben para desplazamientos y alojamientos. No en vano, la actividad presencial en el hemiciclo se redujo durante el estado de alarma ya que durante las primeras semanas solo acudieron medio centenar de diputados de los 350 que componen la Cámara Baja, un número que se fue ampliando hasta los 120 de la semana pasada y que se ampliará hasta la mitad (175) en los próximos días.

Ante este escenario, muchos ciudadanos e incluso formaciones políticas reclamaron que la Cámara no pagara las dietas a sus señorías dado que la mayoría no se desplazó hasta el hemiciclo y realizó su labor de manera telemática para aprobar los sucesivos estados de alarma, sesiones de control y convalidación de decretos. Dado que la cuantía no está vinculada a la asistencia, todas sus señorías excepto el diputado socialista Odón Olorza –quién remitió un escrito motivado a la Mesa, según señalan fuentes del Congreso a LA RAZÓN– percibieron esta asignación que supuso un desembolso para las arcas del estado de casi dos millones de euros.

El sueldo de los diputados se compone de tres partes: la institucional, la indemnización y los complementos. En líneas generales reciben una asignación institucional de 2.981,86 euros al mes, cifra a la que hay que sumar los complementos en función del cargo que desempeñen y la indemnización para gastos que sean indispensables en el cumplimiento de su función. Este último concepto, no exento de polémica, se destina a cubrir los gastos que les origina la actividad de la Cámara –por ejemplo el alquiler de una vivienda o manutención–, y oscila entre los 1.959,62 euros para los diputados de circunscripciones distintas a Madrid y los 935,37 euros para los electos por la capital.

Por lo tanto, si tomamos como referencia un diputado raso que represente a la ciudad de Cádiz en la Cámara Baja, su señoría cobra, como mínimo, 4.940 euros al mes. Mientras que el Gobierno animaba a que las empresas españolas se acogieran a los Expedientes de Regulación Temporal de Empleo, que suponen cobrar el 70% de su salario y a que los trabajadores no cobren ni generen derecho a pagas extra ni vacaciones durante el tiempo que dure el estado de alarma, nuestros diputados continuaron cobrando íntegro su sueldo y el importe para los gastos que les origina la actividad de la Cámara, pese a que fueron muy pocos los que acudieron a su puesto de trabajo.

El cobro de esta indemnización generó polémica hasta el punto que, a principios del mes de abril, la Mesa del Congreso, donde el PSOE y Unidas Podemos tienen mayoría, anunció que estudiaría la propuesta de donar la indemnización que cobran los diputados para compensar los gastos de ejercer su actividad parlamentaria en Madrid, dado que la Cámara entró en una fase de hibernación. Sin embargo, la idea no tuvo mucho recorrido y se inició una carrera entre las distintas formaciones para ver quién era más solidario.

Desde el PP se habló de la creación de un fondo común para que los cargos donaran parte de su sueldo; desde el PSOE se propuso que entregaran esa cantidad a la organización que ellos consideraran de mayor interés para la lucha contra la covid; desde Unidas Podemos se habló de dar el 50% de su salario y desde Vox anunciaron que entregarían a asociaciones de víctimas del coronavirus la subvención de los meses de marzo y abril. No obstante, fuentes del Congreso señalan a LA RAZÓN que ellos «no tienen constancia» de estas donaciones ya que se hacen a título personal. Lo que sí pueden asegurar es que los diputados pueden renunciar de manera individual a esta retribución. «Solo es necesario un escrito motivado», explican. En este sentido, a día de hoy solo el diputado socialista Odón Elorza lo ha presentado, por lo que es el único que ha renunciado expresamente a recibir esta cantidad.

Se mantiene el voto telemático

Para ver la imagen del hemiciclo con todas sus señorías aun tendremos que esperar, por lo menos, hasta septiembre. Siguiendo la línea de recomendaciones del Gobierno a las empresas privadas –a las que solicita en la medida de lo posible que faciliten el teletrabajo–, la mesa del Congreso decidió el pasado martes mantener el voto telemático con carácter general tras el fin del estado de alarma y mientras dure el decreto ley de la conocida como «nueva normalidad».

Es decir, si hasta ahora solo aquellos diputados que acreditasen casos de enfermedad o de baja laboral podían acogerse a esta modalidad, ahora cualquiera podrá acogerse a esta modalidad que no implica la renuncia a la indemnización de entre 900 y 1.900 euros. Con el fin de regular lo que muchos consideran un abuso o despilfarro, ERC registró una proposición de ley para modificar las normas de la Cámara con el objetivo de facultar a la Mesa del Congreso para que retire estas indemnizaciones en situaciones excepcionales. Veremos si hay acuerdo.