Caso Koldo

La empresa del padre de Susana Sumelzo (PSOE) aparece en la contabilidad de la firma clave del "caso Koldo"

La documental aportada por la Hacienda Foral desvela que Sumelzo S.A abonó 12.000 euros a la mercantil que quiso comprar Santos Cerdán

La diputada del PSOE Susana Sumelzo
La diputada del PSOE Susana Sumelzolarazon

La mercantil familiar de la exdiputada socialista Susana Sumelzo, Sumelzo S.A, abonó 12.100 euros a la empresa clave del caso Koldo. Así se desprende de la documental remitida al Tribunal Supremo por la Hacienda de Navarra relativa a todos los movimientos de fondos de Servinabar, la constructora vinculada a Santos Cerdán y que investiga la Guardia Civil por adjudicarse las obras que están bajo sospecha.

De los balances aportados al alto tribunal y a los que ha tenido acceso LA RAZÓN, se desprende una anotación relativa a Sumelzo S.A. Se trata de una constructora de Zaragoza en la que figuran como administradores solidarios los hermanos Juan José y Fernando Sumelzo; padre y tío, respectivamente de la exdiputada del PSOE y actual secretaria de Estado para Iberoamérica y el Caribe. o para Iberoamérica y el Caribe y el Español en el Mundo.

La declaración anual de operaciones con terceras personas de Servinabar relativa al ejercicio de 2020 desvela que habría recibido 12.100 euros de esta constructora en el año de la pandemia. La firma navarra está en el foco de los investigadores puesto se adjudicó en UTE con Acciona las principales obras investigadas en la trama otorgadas desde el Gobierno vasco y desde el Ministerio de Transportes tras el aterrizaje del PSOE en Moncloa en 2018.

La hermana de Santos Cerdán

La Hacienda de Navarra ha facilitado una carpeta con 14 ficheros excel relativos a los ejercicios bajo sospecha de esta pequeña empresa que, según se recoge en los oficios de la Guardia Civil, se creó apenas meses antes de la primera licitación investigada para concurrir a ella. Su administrador Antxon Alonso, es una persona muy cercana a Santos Cerdán llegando éste incluso a haber firmado un documento para comprar el 45% de las acciones de la sociedad.

Ante las sospechas de Anticorrupción, que advirtió que se adjudicó obras millonarias pese a tratarse de una empresa de "mínimas dimensiones y con nula experiencia en el sector", el juez ordenó investigar todo lo relativo a la firma y a su dueño, de quien Santos Cerdán dijo que fue una figura clave para negociar la moción de censura de 2018. En ese sentido, la información fiscal evidencia que Servinabar pagó 22.200,84 euros en 2020 a María Belén Cerdán, hermana del exdirigente socialista. En la actualidad figura como concejal del PSOE en el municipio de Milagro (Navarra).

Fuentes de la defensa de Santos Cerdán explican que dicha retribución obedece al trabajo que desempeñó entre el 1 de enero de 2020 y el 30 de junio de ese año en Servinabar. Según precisan, percibió 2.000 euros netos ejerciendo como administrativa. Tras ello, pasó a trabajar a una asesoría que llevaba las cuentas de Servinabar, por el mismo salario. María Belén Cerdán, según indican, estuvo por cuenta propia los meses en los que trabajó para el socio de su hermano y, tras ello, recuperó la condición de trabajadora por cuenta ajena.

La empresa familiar de Sumelzo

Entre las empresas identificadas por el fisco figura la de Sumelzo S.A. Se trata de la mercantil de la familia de Susana Sumelzo, quien fuera del círculo de confianza de Pedro Sánchez, que también habría recibido contratos millonarios con varios entes del actual Gobierno, según informó El Debate. Dicho diario expuso que, entre los órganos del Ejecutivo de los que recibió contratos, figura la secretaría de Estado de Infraestructuras del Ministerio de Transportes.

Del mismo modo, se identifican otras mercantiles salpicadas en la trama Koldo, como es el caso de Acciona. La constructora consiguió contratos superiores a los 500 millones de euros en los que habría mediado directamente Santos Cerdán. De hecho, constan en el sumario del caso sus vínculos con Fernando Merino, exdirectivo de esta constructora en el País Vasco y Navarra, a quien también se le implica en un presunto blanqueo de fondos a través de facturas ficticias del Bar Franky.

También recogen ingresos de dinero de Geolcali S.L (empresa que promovió el primer proyecto investigado de la trama hace ahora una década relativo al proyecto de Mina Muga), y de la UTE Túnel de Belate. Se trató de una megaobra de desdoblamiento de este túnel por la que el Gobierno navarro de María Chivite dio 76 millones de euros a Sevinabar y Acciona, firmas que concurrieron conjuntamente a la licitación del proyecto.