El cónsul de Bayona recurre su cese fulminante: «Me han hecho un Pérez de los Cobos»

El cónsul general de España en Bayona, Álvaro Alabart, presentó ayer en el Ministerio de Exteriores un recurso de reposición contra el cese que decretado por Subsecretaria de Exteriores, Celsa Nuño, y notificado el pasado 23 de junio.

Lo fulminante del cese, la inconsistencia de los argumentos esgrimidos contra Alabart y la impecable trayectoria profesional del cesado -diplomático con 42 de servicio continuado al Estado incluso en condiciones de gran exigencia como su periplo como embajador en Kuwait entre 2001 y 2004– hacen recordar inmediatamente el caso del coronel de la Guardia Civil Diego Pérez de los Cobos y apuntan a un preocupante «modus operandi» de los ministros de Sánchez.

Dos son las causas principales que Exteriores esgrime para haber cesado a Alabart. En primer lugar haberse desplazado a San Sebastián el día 24 de marzo en un «viaje privado» a recoger a un matrimonio de empleados domésticos que iban a comenzar a trabajar en la residencia del cónsul cuando el confinamiento por el Covid-19 estaba en vigor en Francia y en España. El segundo es haber «echado» al matrimonio que realizaba esta misma actividad anteriormente en la residencia en pleno confinamiento francés. Es más, la Subsecretaria Nuño en su Resolución del Cese, alega textualmente «un perjuicio a la imagen de España en general, y al Servicio Exterior Español en particular, por la falta de humanidad que se desprende de este hecho».

Sin embargo el cónsul general Alabart no fue a San Sebastián el 24 de marzo en un viaje privado como dice la Orden de Cese. Fue a San Sebastián a recoger en la estación de tren a unos empleados domésticos que, con conocimiento del Ministerio de Exteriores, se iban a ocupar del mantenimiento de la residencia Cónsul General en Biarritz con carácter temporal.

A pesar de que dicho traslado estaba justificado, teniendo en cuenta la situación de Estado de Alarma y confinamiento en la que se encontraban tanto España como Francia, se decidió comunicar dicho traslado, con carácter previo, al Coronel Jefe de la Comandancia de la Guardia Civil de Guipúzcoa. No se comunicó el desplazamiento al Ministerio porque, obviamente, debían estar informados del mismo, ya que fueron ellos, precisamente, los que autorizaron la contratación del personal.

La base del segundo motivo para la destitución del diplomático español -su «falta de humanidad» al echar a los anteriores empleados- carece asimismo de base. Se trata de un matrimonio de origen ucraniano y no fueron «echados» por el cónsul sino que se habían jubilado voluntariamente el 31 de marzo 2020. El Cónsul General Alabart les había informado de las posibilidades aéreas hacia Varsovia el 4 de mayo (dónde la empleada ucraniana tenía una hermana y a dónde señaló que quería ir), así como de la posibilidad de coger un tren desde San Sebastián para ir a Madrid, dónde tienen un apartamento. Además, el canciller del Consulado, siguiendo instrucciones del cónsul, se puso en contacto con ellos para comprobar que sus condiciones de instalación eran las adecuadas cuando llegaron a la casa de unos amigos a escasos 100 metros de la residencia donde trabajaban, lugar donde siguen viviendo.

Bajo el tendencioso titular de «En pleno confinamiento, el cónsul de España echar a su servicio domestico», el digital francés «Mediapart» publicó un artículo en el que solo aparecía la versión de los despechados empleados ucranianos y en el que se daba rienda suelta al cliché del «deshumanizado» cónsul español.

Difícilmente sostenible parece también el «perjuicio a la imagen de España en general, y al Servicio Exterior Español en particular» que el comportamiento de Albart hayan podido causar ya que el impacto mediático del caso, más allá del artículo del digital francés, no ha pasado de un par de notas breves en dos medios de comunicación de línea independentista, uno en País Vasco y el otro en Cataluña. De hecho el recurso de Alabart tiene visos de traer más cola que los sucesos que motivaron su cese.

¿Cuál es entonces la motivación de Exteriores para que, si González Laya no lo remedia en el último momento, se consume el cese de Alabart antes del 23 de julio, día en el que deberá abandonar su jurisdicción consular y volver a Madrid, con los perjuicios profesionales y contra su honor que esto conllevará? ¿Cómo es posible que el Ministerio haya dado crédito a la versión del matrimonio ucraniano publicada en un digital francés sin sopesarla con los argumentos y la documentación aportada por un Embajador con los méritos profesionales de Alabart? Todas las fuentes diplomáticas consultadas coinciden en señalar la debilidad de las supuestas «faltas» cometidas con el cónsul de Bayona: «No es extraño que se produzcan breves visitas a España desde tu destino y algunas son tan puntuales que ni se informan al ministerio. Además, todo el mundo entiende que en los puestos que se encuentran tan cerca de España haya gestiones que obligan a cruzar la frontera. No solo en Bayona y Andorra, sino en Pau, Lyon, Lisboa, Oporto y hasta en Marruecos. Es una tradición inveterada, esta completamente normalizado».

Otras fuentes apuntan a la especial complejidad que tienen puestos como Bayona, situado en el corazón del País Vasco francés y con una intensa actividad de la izquierda abertzale y Bildu. «Al PSOE le puede interesar tener una persona de total confianza en Bayona. Un Cónsul general de España es un puesto con mucho poder y muchas responsabilidades, tanto jurídicas como de expedición de documentos. No es la primera vez que para quitar de la ecuación a un cónsul se ha movilizado a los sindicatos para sembrar dudas sobre su idoneidad», apunta un embajador con décadas de experiencia en el Servicio Exterior. «Sea como fuere, cesar a un cónsul general por una supuesta violación del confinamiento durante dos horas, cuando es algo que han hecho públicamente prácticamente todos los miembros del Gobierno, es insostenible», remarcan.

En cualquier caso la versión del Ministerio es bien distinta: Alabart ha cometido una sanción contra el reglamento y su cese está justificado. «La instrucción a nuestras Embajadas y Consulados es la obligación de respetar las recomendaciones y las pautas sanitarias locales», se afirmó desde Exteriores.