Confinamiento

Torra se otorga plenos poderes para el confinamiento

Blindó ayer Lérida y el Segrià con una resolución que depende de su nuevo marco normativo. El Gobierno de Sánchez avala el texto para evitar que acabe de nuevo ante los tribunales

Reunión semanal del gobierno catalán
El president Quim Torra, ayer en la reunión semanal del EjecutivoAndreu DalmauAgencia EFE

La Generalitat aprobó la noche del lunes al martes un decreto de modificación de la ley de salud pública elaborado de forma exprés en apenas un puñado de horas para sortear el freno judicial al confinamiento de Lérida y siete poblaciones más del Segrià. Un «nuevo marco jurídico», como señalan desde el Ejecutivo catalán, para burlar al juez y endurecer las restricciones causa de los rebrotes sin necesidad de pedir la aplicación del estado de alarma. La normativa, además, cuenta con el beneplácito del Gobierno de Pedro Sánchez a través del propio ministro de Sanidad, Salvador Illa, quien ayer rechazó que invada competencias y avaló de facto el texto para evitar que acabe de nuevo ante los tribunales.

Con este instrumento, el Govern se reserva la facultad de poder confinar zonas concretas a la carta y vía resolución, como ya aplica desde esta tarde en la capital leridana y el Segrià y en L’Hospitalet. Es decir, cada resolución se formula al amparo del decreto y sirve para restringir la entrada y salida de personas y los movimientos dentro de una región concreta si así se considera por el aumento de casos.

Además, el redactado del decreto es muy genérico y abre la puerta a poder aplicar medidas restrictivas más allá de las dos semanas recomendadas: «La resolución que establezca las medidas indicará su duración, que en principio no tiene que ser superior a 15 días, excepción hecha que se justifique el necesario establecimiento de un plazo superior, sin perjuicio de que se pueda pedir la prórroga, justificando el mantenimiento de las condiciones que justificaron su adopción».

También la fórmula para poder aprobar las restricciones en zonas concretas acaba dependiendo en gran parte del Ejecutivo catalán: «La adopción de las medidas indicadas requerirá la emisión de un informe emitido por el director/a de la Agencia de Salud Pública, en los aspectos asistenciales a propuesta del Servicio Catalán de la Salud y en los aspectos epidemiológicos y de salud pública, a propuesta de la propia Agencia, el cual tendrá por objeto acreditar la situación actual de riesgo de contagio, la situación de control de la pandemia, la suficiencia de las medidas, y propondrá las medidas a adoptar». Es decir, la Generalitat pide informes a las autoridades sanitarias, pero los acaba reclamando al CatSalud, de su propia competencia.

Hablemos de «restricciones»

En la resolución sobre Lérida y las siete poblaciones restantes del Segrià, el Govern rechaza el concepto «confinamiento domiciliario» y habla de «restricciones» pese al amplio abanico de medidas aprobadas: la entrada y salida de los municipios queda restringida salvo desplazamientos por motivos laborales y servicios esenciales, así como para aquellas actividades derivadas de situaciones que no se puedan posponer. Esta medida no afecta a la circulación por autopistas y autovías ni al transporte de mercancías, pero sí al público.

Además, se permite desde esta madrugada salir del domicilio y la circulación por las vías de uso público solo para ir al trabajo; asistir a centros sanitarios, atender a personas mayores, menores, dependientes y vulnerables; y desplazarse a entidades financieras, seguros y otros servicios. También para acceder a establecimientos comerciales; ir a establecimientos comerciales con cita previa; hacer encuentros y deporte con personas del grupo de convivencia habitual; atender huertos de autoconsumo; y hacer exámenes y pruebas que no se pueden posponer.

Se prohíben los encuentros de más de 10 personas y se suspende la apertura de equipamientos culturales, locales y establecimientos públicos que impliquen la interacción de un número importante de personas, como teatros, cines, parques y gimnasios. Es decir, una suerte de marcha atrás a caballo entre la fase 0 y la 1, que la Generalitat ha puesto en marcha una semana después de registrar un importante aumento de los contagios en la zona y entre críticas de la oposición por la tardanza y la gestión del gabinete de Torra. De hecho, los primeros casos se detectaron coincidiendo con la verbena de San Juan.