La Generalitat permite 2.100 turistas en la Sagrada Familia pero multa un funeral de 470 personas

La Generalitat ha abierto un expediente sancionador al Arzobispado de Barcelona por el funeral celebrado el domingo en la basílica de la Sagrada Familia por las víctimas del coronavirus. Así anunció ayer el presidente catalán Quim Torra que aseguró la ceremonia “no estaba autorizada”.

Según ha confirmado LA RAZÓN de fu3entes eclesiales, la multa podría ascender a los 60.000 euros. Sin embargo, contrasta el doble rasero utilizado por el Govern para un mismo espacio público. Y es que, según ha podido saber este diario, desde el Ejecutivo catalán en las últimas semanas se animó de forma insistente al Arzobispado que abrieran el templo de Gaudí a los turistas en tanto que se trata del principal atractivo de Barcelona. Así se hizo, con un aforo aprobado por la Generalitat que permitió que a lo largo del fin de semana estuvieran en el interior de la basílica 2.100 personas -1.200, el sábado y 900, el domingo-. Un cupo que multiplica por seis el número de participantes en la misa presidida por el cardenal Juan José Omella: 470 personas entre familiares, personal sanitario y de servicios básicos, voluntarios de entidades caritativas…

Lo cierto es que en un principio la misa sí contaba con el visto bueno del Gobierno catalán a fecha de 2 de julio. Sin embargo, la normativa aprobada el 17 de julio tras los rebrotes se limitó a diez las personas a los actos religiosos, mientras que el aforo se mantenía en el 50 por ciento para las actividades en otros recintos. Fue entonces cuando la Iglesia solicitó ampliar la participación en una ceremonia tan significativa. Fuentes eclesiales detallan que el Ejecutivo de Torra no se pronunció hasta el viernes por la tarde pero no se notificó al Arzobispado hasta el sábado a mediodía, lo que hizo imposible que se recurriera la decisión ante el correspondiente tribunal administrativo puesto que cierra en fin de semana. De ahí que, tras el correspondiente asesoramiento legal, se diera un paso al frente para celebrar la misa con las pertinentes medidas sanitarias de distanciamiento, mascarillas y medición de temperatura. Fue entonces cuando la Iglesia optó por emprender acciones legales ante lo que consideran que vulnera “la libertad religiosa y de culto”. Una denuncia que se mantiene. “Vamos a ser firmes”, defienden desde el Arzobispado.

“Me parece bien que el cardenal Omella apele a la libertad de culto, pero durante años ha olvidado la Constitución y los derechos humanos” y “ni una vez ha alzado la voz contra la represión” a los políticos independentistas, expresó ayer Torra en un ataque sin precedentes a la Iglesia, que de alguna manera deja entrever razones más allá de lo sanitario. Así lo confirman desde la Iglesia catalana: “Es una campaña mediática que arrancó con las inmatriculaciones y ahora se refuerza con esto”. Una tesis que se reforzaría con el dardo lanzado contra el arzobispo por el presidente catalán al sacar pecho como católico y subrayar que “para mí la Iglesia es la que trabaja para los pobres, los vulnerables y los que están presos”. Se olvida de que precisamente Omella ha sido el pastor de referencia para las cuestiones de exclusión social y denuncias contra la pobreza en las últimas décadas dentro del Episcopado español.