El trago más amargo para Felipe VI

El comunicado de ayer supone el último –y esperemos que definitivo– intento de la Casa del Rey por distanciarse de la tormenta mediática desatada por los abogados de Corinna Larsen para protegerse del avance de las investigaciones del fiscal Bertossa en Suiza. Aunque el comienzo de los hechos que han precipitado la decisión de Don Juan Carlos de salir de España hay que situarlos en la primera década del presente siglo, la primera fecha reseñable en el relato del desenlace final es el fatídico 5 de marzo de 2019 cuando el despacho de abogados británico Kobre&Kim, que representa los intereses de Corinna Larsen, informó a Zarzuela de su designación como beneficiario de dos fundaciones radicadas en Panamá a través de las cuales Juan Carlos I percibió 100 millones de Arabia Saudí.

Cuando Don Felipe tuvo conocimiento de este hecho acudió a un notario para renunciar a cualquier beneficio de Lucum y de su padre. Tras estos movimientos, Juan Carlos I comunicó a Felipe VI su retirada de la actividad institucional a partir del 2 de junio de 2019, coincidiendo con el quinto aniversario de su abdicación. La decisión fue hecha publica a través de un comunicado con fecha del 27 de mayo y en aquel momento la decisión fue explicada como un deseo de centrar todo el protagonismo en Felipe VI, aunque, transcurridos los meses, se ha interpretado más como un distanciamiento por parte de don Felipe ante las informaciones que le habían llegado tres meses antes.

Tras la retirada de don Juan Carlos de la esfera pública, don Felipe suprimió la secretaría que se le había creado tras el relevo en el trono, aunque le mantuvo como miembro de la familia real y la residencia en Zarzuela, además de conservar su tratamiento vitalicio de Rey. Desde el primer momento, la decisión de Don Juan Carlos fue entendida como un intento de reforzar el compromiso que Felipe VI adoptó en su proclamación de mantener una conducta ejemplar para ganarse la confianza de los ciudadanos. «Para ello, hay que velar por la dignidad de la institución, preservar su prestigio y observar una conducta íntegra, honesta y transparente (...) Porque, sólo de esa manera, se hará acreedora de la autoridad moral necesaria para el ejercicio de sus funciones», dijo en aquella solemne ocasión. Al año siguiente, en el primer aniversario de su llegada al trono, reiteró que España se construye desde el respeto de la Constitución, pero también «desde la afirmación de principios éticos y morales». Hasta que estalló la polémica, Felipe VI siempre hizo gala de la admiración que sentía por su padre, como cuando en su 80 cumpleaños, en enero de 2018, le agradeció «tantos años de servicio leal a España».

Los meses seguían pasando y llegó el 19 de diciembre de 2019 cuando el fiscal suizo Yves Bertossa llama a declarar en calidad de investigados a Corinna Larsen, a Arturo Fasana, a Dante Canonica y a los representantes de la banca privada Mirabaud. Y es que la investigación suiza ha sido siempre la principal fuerza motriz de la concatenación de circunstancias que ha llevado a la decisión de Don Juan Carlos que se hizo pública ayer. El siguiente mal trago le llegó al actual monarca el 14 de marzo de 2020. Fue ese sábado cuando el diario británico «The Telegraph» hizo públicó que Felipe VI aparecía como segundo beneficiario de la fundación Lucum. Al día siguiente Zarzuela llegó el segundo comunicado referente a Don Juan Carlos, quizá el más duro de todos. El Rey renunciaba a la herencia que le pudiera corresponder de su padre y le retiraba la asignación de 194.232 euros al año que percibía con cargo a los Presupuestos.

El compromiso de ejemplaridad y transparencia que Don Felipe asumió en su discurso de proclamación en Cortes en 2014 le ha llevado a tomar medidas firmes en relación con su familia encaminadas a garantizar el decoro y la transparencia de la institución y tratar de frenar el desgaste en el que estaba sumida.

Nada más empezar su reinado, redujo la Familia Real a seis miembros –los reyes y sus hijas Leonor y Sofía, don Juan Carlos y doña Sofía– y excluyó a sus hermanas. Un año después, tomó otra decisión drástica que suponía romper amarras con su hermana menor: la retirada del título de duquesa de Palma a causa de su imputación en el caso Nóos, del que finalmente quedó absuelta, mientras que Urdangarin fue condenado a cinco años y medio de prisión. Este título le había sido otorgado a doña Cristina por su padre, Juan Carlos I en 1997, cuando contrajo matrimonio. A estas acciones, añadió otras como la de publicar las retribuciones de los altos cargos de Zarzuela y de los contratos y convenios suscritos y el grado de ejecución de sus presupuestos, así como la prohibición de que los miembros de la familia real aceptasen regalos que comprometiesen la dignidad de sus funciones.