El PP exige que Igualdad explique cómo actuó tras la detención del juez del TC

El PP registró ayer en el Congreso la petición de comparecencia de la delegada del Gobierno en la lucha contra la violencia de género, María Victoria Rosell, con el fin de analizar los protocolos y procedimientos seguidos tras la detención, el pasado lunes 10 de agosto, del magistrado del Tribunal Constitucional Fernando Valdés Del-Ré, por un presunto delito de violencia de género.

La petición llega después de que la magistrada del juzgado de primera instancia e instrucción número 7 de Majadahonda haya remitido al Tribunal Supremo una exposición razonada en la que considera que hay indicios de que el magistrado del TC ha podido incurrir en un delito de malos tratos en el ámbito familiar recogido en el artículo 153 del Código Penal.

Sin prejuzgar los hechos, ni condenar previamente al magistrado, piden que se «salvaguarde» una Institución de tal relevancia como es el Constitucional. El diputado del PP, Luis Santamaría asegura que no debe haber en este país «nadie por encima» de las Instituciones e insisten en que el magistrado «dé un paso atrás». Santamaría critica que haya una «doble vara de medir» y que el «PSOE anteponga el carácter progresista que pueda tener el magistrado implicado a cualquier otra situación».

Además, los populares siembran dudas sobre la actuación de la Fiscalía, en el hecho de que no se hayan adoptado medidas cautelares y se preguntan si ésta ha actuado igual a como lo hubiera hecho en otro caso ya que «el bien a proteger, en este caso la víctima, se debe proteger igual, independientemente del oficio que tenga el agresor». Al PP le ha sorprendido la «no» propuesta de adopción de ninguna medida cautelar. Por ello, han registrado hasta siete preguntas en este aspecto dirigidos a la Fiscalía sobre en cuántos casos semejantes no se adoptaron. Con ello, «pretendemos garantizar que todo el mundo, y todas las víctimas, tengan el tratamiento y la protección que merecen» y no dependen del oficio del agresor. Las preguntas sobre el Ministerio Público van dirigidas al titular de Justicia ya que éste se comprometió en su toma de posesión a «responder políticamente por sus actos», apuntan. Por ello quieren saber cuáles son los protocolos que debe seguir el Ministerio Público cuando se trata una presunta agresión de una mujer; cuáles han sido las actuaciones que siguió tras la detención del magistrado del TC, si se siguieron los criterios de aplicación general y si decidió adoptar alguna medida cautelar y cuál fue, o si tuvo algo que ver con la condición de magistrado del detenido. Y por último, en qué supuestos se aplica la orden de alejamiento.

Por otro lado, las diputadas Marga Prohens y Cuca Gamarra han presentado una batería de preguntas dirigidas a la ministra de Igualdad, Irene Montero. En ellas le interpelan sobre si considera que las actuaciones seguidas por Fiscalía tras la detención del magistrado Valdés, por un presunto delito de violencia de género fue la adecuada y conformes al compromiso de la lucha contra la violencia de género del Gobierno, si cree que las medidas cautelares, después de esa detención, son acordes con la protección para dichas víctimas, en qué porcentaje se aplica al supuesto agresor una orden de alejamiento, entre otras.