Otra ex abogada de Podemos ratificará ante el juez que había “caja B”

Fue despedida el pasado diciembre después de alertar sobre la existencia de presuntas irregularidades contables

Jornada judicial clave para el partido de Pablo Iglesias. El juez que investiga supuestas irregularidades en la financiación de Podemos escuchará hoy el testimonio de Mónica Carmona, ex abogada de la formación morada y que, al igual que José Manuel Calvente –que con su denuncia dio origen al procedimiento– fue despedida el pasado diciembre después de alertar sobre la existencia de presuntas irregularidades contables.

La declaración de Calvente ante el magistrado Juan José Escalonilla, titular del Juzgado de Instrucción número 42 de Madrid, tuvo efectos procesales colaterales en Podemos. Tras escuchar al letrado –despedido tras ser denunciado por acoso por otra letrada del partido, Marta Flor Núñez, que se archivó finalmente–, el instructor acordó la imputación como persona jurídica del partido liderado por Iglesias. Además, también corrieron la misma suerte Juanma del Olmo, secretario de Comunicación del partido y responsable de las campañas electorales, Daniel de Frutos –tesorero– y la gerente Rocío Esther Val.

Carmona –que fue responsable del área de Cumplimiento Normativo– ratificará las denuncias que ya hizo Calvente ante el juez sobre el supuesto descontrol de la «caja de solidaridad» de Podemos, las obras de reforma de su sede y el pago de presumibles sobresueldos a algunos de sus dirigentes. Unas denuncias que, según aseguró en su día el ex letrado a este periódico, incluso sustentará documentalmente.

Además de ratificar la denuncia de Calvente, Carmona puede añadir a la misma, según las fuentes consultadas, otra más: la presunta contratación de escoltas para dirigentes de la formación, entre ellos la ahora ministra Irene Montero, sin que pertenecieran a empresas de seguridad, como estipula la Ley de Seguridad Ciudadana.

Aunque la denuncia de Calvente se interpuso por delitos de financiación ilegal, blanqueo, administración desleal y revelación de secretos, finalmente el instructor acordó el pasado julio abrir diligencias por malversación y administración desleal al apreciar indicios delictivos una vez que los juzgados de la localidad de Martorell (Barcelona) se inhibieran del asunto en favor de los de Plaza de Castilla.

Por el momento, la Fiscalía ya se ha pronunciado sobre la querella y ha pedido al juez que limite el objeto de la investigación a exclusivamente a los contratos que suscribió Podemos con la consultora Neurona para las elecciones generales del 28 de abril de 2019. De «caja B», sobresueldos, adjudicación «a dedo» de las obras en su sede en Madrid, nada de nada.

En particular, la Fiscalía de Madrid defiende que solo se siga adelante con la parte de la investigación sobre Neurona Consulting que está siendo investigado por el Tribunal de Cuentas tras advertir la propia Fiscalía indicios de delito.

En su escrito, el Ministerio Público se refería al resto de la batería de denuncias de Calvente como «rumores, sospechas o suspicacias» y subrayaba en todo caso la falta de indicios para impulsar una investigación penal al respecto. Incluso apuntaba a una posible animadversión del denunciante respecto a Podemos por su despido acompañado de una denuncia por acoso.

En definitiva, para la Fiscalía indagar en todas esas cuestiones con los indicios existentes supondría actuar de forma «completamente contrario a lo que se pretende en una instrucción judicial en una sociedad democrática».

Pero, por ahora, el juez instructor aún no se ha pronunciado a la espera de conocer hoy la versión de Carmona y la de la ex responsable del área jurídica del partido, y actual vicepresidenta tercera del Congreso, Gloria Elizo.

Según la versión de Calvente, Carmona se percató a finales de octubre de 2019 del supuesto pago de sobresueldos proveniente de esa «caja de solidaridad» a través «de un confidente de dentro del partido que estaba cansado de lo que estaba sucediendo». Según explicó en una entrevista a LA RAZÓN el pasado agosto, ese año fue «muy conflictivo laboralmente en Podemos», pues «con la excusa de que no había dinero, había gente cobrando por encima de lo que le correspondía y eso indignó a algunos empleados del partido, que se lo trasladaron a Mónica». «Se despedía a gente y hubo muchas purgas, y como los afectados no se atrevían a reclamar se lo contaban a Cumplimiento Normativo y se cotejaba». Esas supuestas irregularidades, de las que advirtieron a la dirección, fueron las que terminaron provocando su salida del partido según explicaron.

Para la Fiscalía, no obstante, no hay indicios sólidos del cobro de esos sobresueldos en las nóminas aportadas por Calvente. «No podemos deducir que hayan cobrado más de lo que les corresponde», concluyó la acusación pública, para la que pese a que el cobro de cantidades por encima de las cantidades que el propio partido había fijado como límite ético puede ser «discutible» desde el punto de vista de su normativa interna, pero «no constituye hecho típico alguno».

La abogada también detallará las supuestas irregularidades sobre la reforma de la sede del partido morado. Al superar los 40.000 euros, argumenta en su denuncia el ex letrado morado, las obras tenían que licitarse. Pero antes de que terminara el proceso de licitación, dijo, ya se estaban llevando a cabo. Según él, esos trabajos se adjudicaron a dedo por 1,3 millones pese a que se habían licitado por 650.000 euros.

Calvente contó al juez que en abril del pasado año pidió explicaciones al respecto, pero nadie dentro de Podemos se las dio.