Una memez para distraer al personal

Lo cierto es que cuando leí que el Gobierno se iba a ocupar de los muertos pensé que se refería a los 53.000 fallecidos por la Covid-19, pero no es así. Este Ejecutivo, volcado más en la propaganda y en hacer oposición a la oposición que en gestionar un país en crisis, ha aprobado lo que será su medida estrella.

Exhumado Franco y olvidado en Mingorrubio, Carmen Calvo ha asumido la tarea de dar una vuelta de tuerca a la Ley de Memoria Histórica. Ha bautizado su empeño como “Ley de Memoria Democrática”. Si cuando salió en 2007 la norma de Rodríguez Zapatero hubo una gran polémica política, no menos fue entre historiadores. Los serios distinguimos entre “historia” y “memoria”, al menos los liberales. El motivo es que la historia es un oficio sometido a reglas académicas, y la memoria es un acto individual de recuerdo.

La ley de 2007 solo sirvió para subvencionar a asociaciones republicanas, redimir a los supervivientes -que ya eran atendidos por el erario público- y levantar muchas heridas. También se creó alguna cátedra con más tinte ideológico que profesional.

Ahora es peor. El gobierno de Sánchez ha decidido que la “memoria” que salga de la comisión de expertos -esperemos que no sea como la inexistente que hubo en Sanidad durante el confinamiento-, sea la “democrática”. Todo lo que no comulgue con ese relato oficial será, usando la antinomia kantiana, “antidemocrático”. No habrá medias tintas. Nunca las hay para el pensamiento totalitario.

No merece la pena entrar en una disquisición nominal. La memoria nunca es democrática, ni todos los que piensan homenajear eran demócratas. Da igual. La palabra “democracia” se ha bastardeado mucho. La usaron Franco y la República Democrática Alemana.

Carmen Calvo ha presentado una ley que reabrirá fosas, hará un banco de ADN para las víctimas del franquismo, retirará títulos nobiliarios y condecoraciones, y hará del Valle de los Caídos un cementerio civil. Aprovechará el colapso de los juzgados para encargar, además, que se anulen las sentencias dictadas durante la dictadura. No importa. Todo sea por contentar a los independentistas catalanes con la anulación de la condena de Lluis Companys.

Además, Calvo está decidida a prohibir asociaciones que “enaltezcan totalitarismos o figuras totalitarias”, como la Fundación Francisco Franco. No me cabe la menor duda de que no se refiere a la Fundación Pablo Iglesias ni a la Fundación Largo Caballero, dos políticos opuestos a la democracia y amigos de la dictadura del proletariado. Tampoco estará pensando en los mensajes en recuerdo de conocidos dictadores, como Lenin, Fidel Castro y Hugo Chávez, que han hecho durante décadas sus compañeros de Gobierno.

Los descendientes de los brigadistas internacionales podrán acceder a la nacionalidad española con esta ley. Murieron por España, pero por una España comunista. Los del otro bando también murieron por España, pero por una España anticomunista. No hace falta leer “Homenaje a Cataluña”, de Orwell, para saberlo. Es que fue la URSS de Stalin la que sufragó el viaje de los brigadistas a nuestro país para morir como carne de cañón. Fue el precio de la propaganda, y ha tenido éxito hasta el día de hoy, como se ve.

Por cierto, mi abuelo estuvo en una de las cárceles del franquismo, luego votó al PSOE, y todo esto le parecería una memez para distraer al personal.