Díaz Ayuso, el azote del Gobierno

La Comunidad de Madrid es la joya de la corona del poder territorial. El PP consiguió mantener este bastión en las elecciones del 26 de mayo de 2019, a pesar de no ser la fuerza más votada, gracias a una coalición con Ciudadanos y el apoyo externo de Vox. Desde este momento, la Comunidad de Madrid ha sido el altavoz y la punta de lanza de Pablo Casado para hacer oposición al Gobierno central fuera del Congreso de los Diputados y se ha convertido, por extensión, en un campo de batalla político. Esta posición se recrudeció a raíz del impacto de la pandemia del coronavirus.

La presidenta Isabel Díaz Ayuso se convirtió en el azote del Ejecutivo en la gestión de la crisis de la Covid-19. Un verso suelto en las conferencias de presidentes autonómicos que se reunían cada domingo y de las que llegó a ausentarse o a incorporarse con retraso. Cuestionó la evolución de su región en el sistema de fases, recriminando el impacto negativo que tendría para la Comunidad avanzar con dilación respecto al resto del territorio español y criticó lo que, en su opinión, era un «ensañamiento» por parte de los responsables de Sanidad, por maximizar los aspectos negativos de su gestión y olvidar los positivos.

Sus quejas tuvieron efecto y Moncloa se vio obligada a ceder y acelerar la desescalada varias semanas, respecto al plan inicial, para liberar a Madrid del yugo del estado de alarma, que suponía para sus gobernantes un menoscabo en sus competencias. Pero el Gobierno central no olvida el via crucis que algunos territorios, con Cataluña, País Vasco y la Comunidad de Madrid a la cabeza, le hicieron pasar durante las 14 semanas de la excepcionalidad y las conferencias de presidentes semanales. Esto, a pesar de que la propia Ayuso llegó a agradecer estas reuniones, calificándolas de una «buena iniciativa» por parte del Ejecutivo para mantener un diálogo fluido con las CC AA en la gestión de la crisis.

El movimiento político se produjo a la vuelta del descanso estival. Sánchez anunciaba desde Moncloa que pondría más medios a disposición de las regiones –entre ellos, rastreadores del Ejército– para el seguimiento del coronavirus, pero recordando que la gestión de la pandemia era ahora responsabilidad de los territorios y que serían estos quienes tendrían que impulsar las iniciativas restrictivas que considerasen necesarias para ponerle coto. Esto es, descargaba en ellos la decisión de pedir el estado de alarma, un trámite que tendrían que hacer en el Congreso de los Diputados, como hasta en siete ocasiones hizo él.

Desde ese momento se ha mantenido el pulso. Ninguna de las dos partes ha cedido, mientras la situación empeoraba y los contagios aumentaban exponencialmente. En Moncloa no estaban dispuestos a facilitar el trago a Díaz Ayuso y esperaban a que fuera la presidenta quien diera el paso y se sometiera al trance parlamentario de solicitar el estado de alarma. Sin embargo, tras varias peticiones de la presidenta, el Gobierno ha decidido acceder a una reunión «en cuanto sea posible» ante «el momento crítico» que vive la Comunidad de Madrid, eso sí, vía cruce de misivas que tiene más de forma que de fondo, ante la urgencia que requiere la situación. Un primer paso hacia un eventual acercamiento y una estrategia leal y coordinada de la que los principales beneficiados serán los ciudadanos madrileños.