Oposición y socios rechazan un estado de alarma de seis meses

El presidente del PP, Pablo Casado, se avino ayer a negociar con condiciones el apoyo al nuevo estado de alarma que aprobó el domingo el Consejo de Ministros. Dos básicas: la prórroga debe ser sólo para ocho semanas, expirando antes de Navidad, y el Gobierno tiene que activar de manera urgente la modificación de la legislación sanitaria, a lo que se comprometió antes del verano para dar cobertura jurídica a las comunidades autónomas para imponer restricciones de movimientos.

Casado ha atendido las necesidades de sus autonomías y la presión de la crítica evolución de la pandemia, pero ha aprendido también de sus errores pasados. Y lo que hace es devolver el balón al Gobierno para que pruebe su voluntad real de llegar a acuerdos con el principal partido de la oposición. El sólo hecho de que Moncloa y PP mantengan abierto un canal de diálogo, y que estén pendientes de una nueva conversación entre Pedro Sánchez y Casado, es una novedad frente a la etapa de la que venimos. Pero ahora habrá que ver si Sánchez se aviene a negociar con el PP o prefiere buscar el acuerdo con PNV, ERC y Ciudadanos (Cs). Desde la dirección de la formación naranja también han criticado la pretensión de Sánchez de aprobar una prórroga de la alarma por seis meses, lo que le exime de control en el Congreso de los Diputados. Pero Inés Arrimadas aclaró, en una entrevista en la Cadena Ser, que no es una línea roja. «Seis meses es excesivo», y negociará a la baja el plazo. Su posición insiste en anteponer la ayuda a la crítica, a pesar de que el Gobierno «vuelve a llegar tarde». ERC y PNV también han planteado la conveniencia de reducir el periodo de los seis meses, y la negociación está abierta con el horizonte del Pleno que el Gobierno ha convocado para este jueves en el Congreso. En el anterior estado de alarma los socios básicos del Gobierno fueron Ciudadanos, PNV y ERC. Como ya ocurrió de marzo a junio, el Ejecutivo tendrá que escenificar cesiones para conseguir los escaños necesarios para la prórroga de una medida de la que, a su vez, tendrán que rendir cuenta los presidentes autonómicos en sus respectivos Parlamentos y el ministro de Sanidad en el Consejo Interterritorial.

Pero la preocupante evolución de los contagios lleva a que en las comunidades de todo signo se subraye la importancia de un acuerdo nacional entre Gobierno y principal partido de la oposición para dar estabilidad y evitar espectáculos como el choque de Moncloa con la Comunidad de Madrid.

Casado tendió ayer la mano, pero también lanzó un guiño a la economía, en línea con la posición de la CEOE. El PP se coloca al lado del poder empresarial en su exigencia de que se salve la campaña navideña y de que se evite extender la sombra de la excepcionalidad sobre la Semana Santa.

Justo ayer Sanidad registró la cifra más alta de contagios de la segunda ola: 52.188 casos. Pero en la contienda política, a Vox le faltó tiempo para arremeter contra el «ministro Casado» por «ayudar» al presidente del Gobierno en la gestión de la pandemia.

Después de estar jugando durante semanas al «tú la llevas», la ayuda la necesitan, y con urgencia, las comunidades autónomas, desbordadas en su capacidad competencial para imponer las limitaciones en movimientos y los confinamientos necesarios para intentar contener la expansión del virus.

Con la normalización política y sanitaria dinamitada, ayer hubo un gesto del Gobierno que despertó las alertas sobre la situación real en la que se encuentra la economía española. El jueves pasado los debibelios de la moción de censura apagaron la repercusión del aviso de Bruselas a España para que reconsiderase su negativa a pedir préstamos del fondo de reconstrucción. De los 140.000 millones, unos 80.000 son subvenciones, y el resto, créditos, que hay que devolver. La advertencia de Bruselas fue recibida en medios comunitarios como si sonara a la misma música que en su día tenían las presiones a Grecia para evitar la intervención, con aquella sugerencia de que recurriese al MEDE (Mecanismo Europeo de Estabilidad).

El aviso de Bruselas tiene valor de toque de atención y deja en evidencia la máxima preocupación que hay por la economía española. Ayer, en la reunión territorial en la que participó la presidenta de la Comisión Europea, Úrsula von der Leyen, Sánchez rectificó y se abrió a seguir el consejo de Bruselas y a solicitar los préstamos. Otra señal negativa es que España ha tenido que emitir deuda por 30.000 millones de euros, que carga a los fondos europeos, que están por llegar, y al próximo ejercicio.